Jueza ordena la liberación de los dos detenidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, Diana Isabel Ivens Cruz, ordenó este miércoles la inmediata libertad de Felipe Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, el maquinista y el jefe de despachadores del Tren Interoceánico, respectivamente, involucrados en el accidente ferroviario ocurrido en Oaxaca el pasado 28 de diciembre en el que resultaron 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), aprobaron los acuerdos reparatorios que habían sido suscritos previamente mediante el mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal durante una audiencia efectuada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas.

Tras decretarse la extinción de la acción penal, la jueza avaló la reparación integral del daño a las víctimas del el siniestro ferroviario ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico y decretó el cierre definitivo de la causa penal 7/2026.

A inicios de abril, la FGR dio a conocer que concluyó la investigación sobre el descarrilamiento, en el que determinó la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con responsabilidad del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, además de que llegó a un acuerdo reparatorio con 145 víctimas del incidente.

Cabe recordar que la fiscal Ernestina Godoy señaló que, tras agotar todas las líneas de investigación, se integraron cuatro carpetas que permitieron acreditar la participación de dichos involucrados. Como resultado, se obtuvieron órdenes de aprehensión y cateo y posteriormente los imputados fueron vinculados a proceso durante la audiencia inicial.

Se detalló también que, en contraste, fueron descartados otros posibles delitos. En el caso de daño en bienes, la funcionaria indicó que la empresa afectada otorgó el perdón legal. Asimismo, las indagatorias periciales en arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial permitieron descartar el delito de ataques a las vías generales de comunicación, al confirmarse que la infraestructura ferroviaria —vías, durmientes, fijaciones y balasto— cumplía con la normatividad vigente.

Tampoco se encontraron elementos para proceder por uso ilícito de atribuciones ni ejercicio indebido del servicio público. Esta conclusión se sustentó en auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las cuales no detectaron irregularidades penales en los contratos relacionados con la obra, adquisición de material rodante y mantenimiento.

Hasta el pasado 8 de abril, las autoridades federales reportaron que 145 personas —114 adultos y 31 menores de edad— han recibido reparación integral del daño, lo que derivó en la extinción de la acción penal en esos casos.