La justa máquina del progreso en el Istmo

México en la época independiente importó de Francia y, más concretamente de la asamblea nacional, la figura de fiscal o ministerio público dedicado a defender la revolución y el interés del pueblo francés. Hasta 1857, la constitución comenzó a darle un giro a ese fiscal general, creando la procuraduría dependiente del gobierno federal y del ministerio público. Se decía, en aquel entonces, que el objetivo era proteger el interés del imputado y de la víctima, sin intervención del juez, ni de las policías locales o municipales, que eran tan proclives a andar buscando culpables sin ton ni son y a acusar a quien se dejara por razones políticas.

En la constitución del 17, hubo discusiones muy acaloradas si ese fiscal o procurador debería independiente del ejecutivo federal o si debía depender de él, pero con limitantes muy claras. Se optó por lo segundo, tratando de garantizar que un procurador federal o los ministerios públicos pudieran combatir las amenazas de las autoridades locales, que siempre se querían salir con la suya en toda clase de disputas, culpando a cualquier parroquiano que la policía o el ministerio público local así le pareciera conveniente.

Además, La aprobación de los artículos 21 y 102 en el Congreso Constituyente consolidó al Ministerio Público como una institución del Ejecutivo (Procuraduría General de la República), separando la facultad de investigar y perseguir delitos (MP) de la facultad de juzgar (Poder Judicial).

La institución funcionó con relativo éxito y muchísimas fallas. Para ello se creó la comisión de derechos humanos para vigilar su actuación y otras instancias institucionales hasta que llegó la reforma de 2014 y la convirtió en fiscalía autónoma con un número determinado de funciones y tareas que no ha podido o querido cumplir desde su inicio en diciembre de 2018.

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó un saldo de 14 fallecidos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha vinculado a proceso a tres personas clave de la tripulación técnica y operativa. De acuerdo con las investigaciones y reportes judiciales de finales de enero de 2026, los implicados son: Felipe de Jesús Díaz Gómez (o Felipe de Jesús "N"): Identificado como el maquinista principal (quien también ostentaba el cargo de garrotero de camino). Fue detenido en Chiapas y es señalado por conducir a exceso de velocidad (65 km/h en una zona limitada a 50 km/h). Ricardo Mendoza: El supervisor y jefe de despachadores, vinculado a proceso por su presunta omisión o responsabilidad en la gestión del tráfico ferroviario al momento del siniestro. Y, finalmente, un tercer tripulante técnico: Reportado en las investigaciones como el conductor o despachador adicional de la unidad, quien también enfrentaría cargos por homicidio y lesiones culposas.  Hasta ahora lo que ha declarado la ficalia general de la republica (FGR) es que los tres tripulantes no contaban con licencias federales ferroviarias vigentes al momento del accidente. Y que la causa principal que el peritaje de la caja negraconfirmó que el exceso de velocidad en una curva pronunciada entre Nizanda y Chivela provocó el descarrilamiento.

Despues hemos sabido, por diversas investigaciones que, los vagones y las maquinas de arrastre, tenian las cejas desgastadas en las ruedas, que los carros tienen más de 70 años de uso, cuando el tiempo aceptado internacionalmente y, particularmente, en america del norte que es donde nos regimos, es de 50, que los durmientes viejos (es decir del tiempo de don porfirio, cuando se construyó) compiten casi 50% con los nuevos que tuvieron que ponerse por su muy evidente deterioro. Además hemos sabido que el hijo del presidente se encargó de supervisar la obra sin el menor conociemiento, que los contratistas de siempre dieron balastro de baja calidad, que el radio de abordo no servía, por lo que no había comunicación, que no había estinguidores, ni primeros auxilios, es decir todo mal.

Ahora quieren culpar al más indefenso de los eslavones de la cadena que comienza en AMLO, sigue con la marina, los constructores, los contratistas, el hijo del presidente, la empresa que administra el tren, los ingenieros de mantenimiento y sus talleres. Se van contra los empleados que estan en la carcel, porque eso libera a todos los demás. Hemos vuelto a una justicia de principios del siglo XIX, esa es la realidad. Nada más, pero nada menos también.