Elección de Mérida Sánchez en SSP de Sinaloa, decisión del Ejército

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que el nombramiento del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal fue una decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional y no del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

El fin de semana, la mandataria estatal sostuvo que la designación del mando militar respondió a una propuesta de la Defensa y descartó que Rocha Moya hubiera intervenido directamente en el nombramiento.

“Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, quien lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del estado”, declaró Bonilla Valverde a medios de comunicación.

Sin afectación

La gobernadora interina insistió en que la situación judicial que enfrentan exfuncionarios no representa afectaciones para la entidad ni para el funcionamiento de la administración estatal.

“No afecta en nada, ni daña a la entidad, que dos exfuncionarios estatales se encuentren detenidos en los Estados Unidos”, declaró Bonilla Valverde al preguntarle sobre las investigaciones y detenciones relacionadas con exintegrantes del gobierno estatal.

Además, indicó que desconoce la situación jurídica tanto de Gerardo Mérida Sánchez como de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, al señalar que esos asuntos corresponden al ámbito federal y a autoridades internacionales.

Dichas declaraciones ocurrieron luego de que ambos exfuncionarios se entregaran por separado a autoridades estadounidenses, tras ser incluidos junto con Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses en solicitudes de detención urgente y extradición promovidas por autoridades de Estados Unidos.

Según versiones periodísticas, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se declaró no culpable de los cargos que enfrenta relacionados con presunta conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados con actividades de narcotráfico.

La acusación estadounidense señaló que Mérida Sánchez habría recibido sobornos de integrantes de la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, a cambio de brindar protección a sus operaciones criminales y alertar sobre operativos de seguridad.

Según el expediente, el exfuncionario presuntamente ordenó a corporaciones estatales evitar detenciones de miembros del grupo criminal, perseguir a organizaciones rivales y filtrar información sobre investigaciones y cateos realizados por autoridades mexicanas.

Las autoridades estadounidenses sostienen además que, tan solo en 2023, Mérida Sánchez habría advertido sobre al menos 10 operativos contra laboratorios y casas de seguridad, permitiendo que integrantes del grupo criminal retiraran drogas, equipo y personal antes de las intervenciones.