Detectan adeudo de 12,000 millones de pesos por uso irregular de agua

El Gobierno federal advirtió que mantiene en la mira un adeudo presuntivo cercano a los 12,000 millones de pesos por parte de empresas que han incurrido en irregularidades en el uso del agua, en el marco de la aplicación de la nueva Ley Nacional de Aguas.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que este monto corresponde a compañías que no han cumplido con el pago de derechos o que han hecho un uso indebido de concesiones, por lo que llamó a regularizar su situación.

“Tenemos un adeudo presuntivo de casi 12,000 millones en empresas que, de no regularizarse, van a tener las sanciones correspondientes, incluso la cancelación de sus títulos”, advirtió el funcionario.

Morales López detalló que, como parte de las revisiones, se han detectado múltiples irregularidades en empresas, incluyendo casos donde no se paga por millones de metros cúbicos concesionados, se sobreexplota el recurso o no se cuenta con medidores. En uno de los ejemplos expuestos, una empresa refresquera acumulaba un adeudo de 234 millones de pesos, de los cuales ya ha cubierto parcialmente 52 millones tras acercarse a la autoridad.

Además, el funcionario destacó que algunas compañías mantenían múltiples títulos de concesión en un mismo sitio para evitar el pago de derechos, práctica que ahora queda prohibida con la nueva normativa.

La recaudación por el pago de derechos de agua en México mantiene una tendencia al alza en los últimos años, al pasar de 20,142 millones de pesos en 2018 a una proyección de 37,000 millones en 2026, de acuerdo con datos dados a conocer por la Comisión Nacional del Agua. El incremento acumulado en este periodo representa un crecimiento de alrededor del 83 por ciento.

Oportunidades

El adeudo estimado en 12,000 millones de pesos por uso irregular del agua, identificado por el gobierno federal, representa una oportunidad relevante para fortalecer el sector hídrico, aunque su impacto sería limitado frente a las necesidades estructurales del país, aunque el éxito de esta estrategia dependerá del fortalecimiento institucional y de una aplicación efectiva de la ley, consideraron especialistas.

Hugo Rojas, experto en temas hídricos y exdirector de Aneas, indicó que la cifra equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual destinado al sector hídrico federal, lo que da cuenta de su relevancia, aunque subrayó que no es suficiente para resolver el rezago en infraestructura.

El entrevistado comentó que al compararlo con las necesidades de inversión del país, estimadas en alrededor de 400,000 millones de pesos en los próximos 15 años, el adeudo representa apenas cerca de 3% del total requerido.

El experto consideró que, en caso de recuperarse estos recursos, deberían destinarse prioritariamente al fortalecimiento institucional de la Conagua, así como a mejorar las capacidades operativas de los organismos de cuenca y direcciones locales, encargadas de la supervisión y gestión del recurso.

Por su parte, el director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Luis Fernando Haro, advirtió que este tipo de problemas no son nuevos, ya que el marco jurídico anterior ya contemplaba sanciones contra el uso indebido del agua, aunque su aplicación fue limitada.

Por ello, insistió en que el reto principal es garantizar que la autoridad cuente con los recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes para hacer cumplir la ley.

El dirigente también alertó sobre posibles riesgos asociados al endurecimiento de sanciones, como la generación de espacios para la corrupción si no existen mecanismos adecuados de supervisión.

Sobre el proceso de regularización de concesiones, explicó que será clave diferenciar entre quienes pueden formalizar su situación y quienes operan fuera de la ley, a fin de aplicar sanciones conforme a lo establecido.

Alertan retraso de fondos

La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) alertó sobre la falta de dispersión de recursos del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) correspondiente al ejercicio fiscal 2025, situación que —aseguró— está generando incertidumbre financiera y operativa en el sector hídrico del país.

En un posicionamiento, el organismo destacó que el Prodder es un instrumento clave para fortalecer a los operadores de agua potable y saneamiento, ya que permite reintegrar parte de los derechos pagados por el uso del recurso en inversiones para infraestructura hidráulica.

Sin embargo, se denunció que, a marzo de 2026, la mayoría de los organismos operadores no ha recibido estos recursos.

ANEAS advirtió que, debido a que los recursos del Prodder suelen transferirse hacia el final del ejercicio fiscal, existe el riesgo de retrasos en la ejecución de obras, particularmente cuando los proyectos ya están comprometidos