Denuncian ante FGR queja sobre extinción del CJF

El pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si la conducta que consideró grave, relacionada con una queja recibida durante el proceso de transición del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es constitutiva de delito.

Mediante comunicado de prensa, se informó también de la determinación de mantener la suspensión de funciones como secretaria de acuerdos a una juzgadora electa por voto popular el pasado 1 de junio.

En los dos casos referidos no se ofreció mayor información.

“En el pleno del TDJ se han venido resolviendo quejas que se recibieron durante el proceso de transición del extinto Consejo de la Judicatura Federal, y en una de ellas, ante la gravedad de la falta, se adoptó el criterio de dar vista, de inmediato, a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si la conducta es constitutiva de delito.

“Los magistrados y magistradas determinaron mantener la medida cautelar a una persona juzgadora que, aun cuando resultó electa en el pasado proceso, había sido suspendida de funciones como secretaria de acuerdos”, cita el comunicado.

Suspensión

Por otro lado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias del sistema normativo que conforma la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al resolver la contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados, bajo la ponencia de Yasmín Esquivel Mossa se determinó, por mayoría de seis votos contra tres, fijar como criterio obligatorio “que no es procedente otorgar la suspensión provisional en amparo indirecto contra el sistema normativo que regula la carrera judicial, porque se afectaría el interés social y se contravendrían normas de orden público, concretamente el artículo 100 de la Constitución Federal”.

De concederse la suspensión, amplió, se causarían perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público debido a que la sociedad está interesada en que los miembros que conforman la carrera judicial sean evaluados con el propósito de que desempeñen sus servicios con los mayores estándares de calidad y profesionalismo puesto que ello abona directamente a la impartición de justicia.