Ante el incumplimiento de disposiciones legales por sujetos obligados y vacíos derivados de la propia ley, así como para impedir la discrecionalidad y el uso irregular e ineficiente de recursos públicos, diputados federales de Morena, PAN, PRI, MC, PT y PES promueven reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El cambio legal, solicitado año tras año, desde 2012, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incorporaría nuevas obligaciones para cerrar la brecha y espacios a la discrecionalidad y el desvío de recursos del erario en la adquisición de bienes y prestación de servicios.

De acuerdo con la iniciativa, se pretende establecer controles para que todos los titulares de entes públicos contratantes suscriban los contratos y se responsabilicen de éstos, porque hoy los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas son mínimos.

Tratándose de contratos de adquisiciones o de obras públicas y porque en las operaciones interviene más de un ente -como contratante o proveedor-, los titulares se responsabilizarían también de verificar que el proveedor acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para cubrir 76% tanto de las operaciones contratadas como del importe total del contrato correspondiente.

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