Los coordinadores parlamentarios de la alianza Va por México conformada por PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Revocación de Mandato, ello al considerar que la pregunta fue “indebidamente ampliada”, además del riesgo de intromisión de los partidos políticos en el proceso.

Entre los argumentos de la alianza para presentar un recurso contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, —aprobada en septiembre pasado y la cual permitirá a la ciudadanía convocar a una consulta para una conclusión anticipada del cargo de presidente de la República—, están que las y los legisladores se excedieron en sus facultades al modificar la naturaleza de este ejercicio participativo, ello al incluir la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir si el presidente sigue en el cargo.

La pregunta establecida por el Congreso de la Unión quedó de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandatado por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Las opciones de respuesta son: “A) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. B) Que siga en la Presidencia de la República”.

Se dijo que el objeto de este proceso es únicamente terminar con el mandato presidencial antes del tiempo previsto legalmente, más no para ratificar, ampliar, evaluar, opinar, sobre su desempeño.

Además, se advierte que “el hecho de que los partidos políticos se inmiscuyan en este ejercicio modifica la naturaleza de un ejercicio de democracia directa y lo distorsiona convirtiéndose en un mecanismo representativo”, ya que la ley establece que deberán abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recopilación de firmas, más no se les prohíbe participar en la recolección de firmas. También se pidió que los partidos políticos no participen en la integración de las mesas de casilla.

Asimismo, se señala que la Revocación de Mandato no logra otorgar claridad a los ciudadanos y certeza jurídica, pues no se precisó que se debe entender como “pérdida de confianza”, al tiempo que no se establecieron medios de impugnación, ni un régimen sancionatorio.

Se espera que la primera consulta de Revocación de Mandato se realice en marzo de 2022.

maritza.perez@eleconomista.mx