• Es la primera vez que un candidato a la Presidencia de la República propone un Ingreso Básico Universal, una medida de combate a la pobreza.
  • El FMI planteó ya la necesidad de explorar la implementación del IBU ante el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, y ante un escenario de desempleo global debido a la automatización.
  • Diputadas de Morena presentaron en el 2016 una propuesta de instrumentación por etapas y a 20 años de un IBU en el país.
  • Oxfam México está diseñando un piloto para experimentar en una comunidad los efectos del IBU en el sector laboral y el financiero.
  • Un Ingreso Básico Universal puede tener grandes efectos transformadores en las relaciones sociales, económicas y culturales, aseguran la teoría y los expertos.

En México es viable implementar un ingreso básico universal (IBU) que safisfaga necesidades básicas, como propuso sin dar mayores detalles el candidato de la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya. En el país hay algunos proyectos en desarrollo para implementar esta medida que puede combatir la pobreza, erradicar la pobreza extrema, ayudar a generar contrapesos al sector patronal en las relaciones laborales y dotar de libertad real a las personas.

La descripción que hizo Anaya en la presentación de su plataforma al lanzar su precandidatura le llevó más de la mitad del tiempo del evento, hecho que apenas refleja la complejidad que representa el IBU tanto por su implementación como por sus efectos —discutidos desde la academia desde hace décadas— a corto y largo plazo. La exposición deja más dudas que certezas, no obstante, y con los pocos datos económicos que ofreció, la propuesta apunta a ser viable, según el modelo de IBU que se instrumente.

Desde la década de los 70, en el mundo se han realizado diversos experimentos con el IBU, pero hasta ahora ningún país lo ha implementado en forma, esto es, como ingreso universal e incondicionado a todo habitante. La condición de universal se refiere a que es otorgado a toda persona independientemente de su edad —aunque debe ser ciudadano o residente—, y la incondicionalidad apunta a que es una transferencia no atada al cumplimiento de alguna otra disposición, como si la persona trabaja o no.

La propuesta del IBU de Ricardo Anaya es relevante por ser la primera vez que la pone en agenda un candidato a la Presidencia de la República. Sin explicar si sería entregada a toda la población o, por ejemplo, sólo a los mexicanos en edad productiva; sin detalles del monto de la transferencia y los criterios para fijarla y sin definir si sería de instrumentación progresiva o inmediata, el entonces precandidato ofreció, sin embargo, cifras sobre las posibles fuentes de financiamiento, que hablan de su viabilidad económica.

Las fuentes de financiamiento propuestas están focalizadas en los excedentes de la gestión pública, que podrían sumarse al presupuesto de los programas sociales enfocados al ingreso que actualmente funcionan en el país, cuyo monto, según números presentados por el panista, alcanza los 403,000 millones de pesos. En consonancia, Anaya dijo que el gobierno presenta un promedio anual de 280,000 millones de pesos de excedentes de ingresos desde el 2007 al 2016; otra deficiencia de la administración pública que podría aprovecharse, en opinión de Anaya, es el cumplimiento de las metas de austeridad, que de haberse cumplido para el ejercicio 2016 habrían reportado 132,000 millones de pesos en recursos.

Sólo sumando estos conceptos, se alcanzan 43,203 millones de dólares, al tipo de cambio actual, que representarían el 4.13% del PIB del 2016. De ser distribuido el IBU de forma universal a cada mexicano, que cifras del censo del 2016 indicaron 127.5 millones de habitantes, tocaría a cada uno una renta de 543 pesos mensuales. La canasta básica alimentaria ronda en estos días los 1,700 pesos. Faltaría decir a Anaya de dónde saldrían los 1,157 pesos necesarios para que cada mexicano tenga garantizado vivir por lo menos en la Línea de Bienestar Mínimo.

Aún haciendo un ajuste etario, es decir, usando un modelo en que sólo se entregue el IBU entre la población en edad productiva, el monto asciende a 732.25 pesos, 968 pesos debajo de la canasta básica. Este cálculo se hace con base en la censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que fija en 91 millones de personas a la población en edad de trabajar.

En este punto es necesario distinguir entre dos enfoques sobre el monto del IBU. El primero es entregar una cantidad que cubra en la totalidad lo necesario para cubrir las necesidades alimentarias de cada persona. El segundo, es entregar una cantidad que, sumada a todos los ingresos preexistentes de la población en condición de pobreza, alcance la Línea de Bienestar Mínimo.

Propuesta del ICUA

Las diputadas Araceli Damián González y Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron en el 2016 una iniciativa de IBU para completar un ingreso que cubra las necesidades alimentarias. Las diputadas propusieron una reforma de los artículos 4o y 73 de la Constitución, a fin de crear el derecho al Ingreso Básico Universal. En dicho proyecto, el concepto de la transferencia pasa de IBU a ICUA (Ingreso Ciudadano Universal Alimentario).

En entrevista telefónica, el economista Julio Boltvinik, que en meses recientes ha colaborado con Araceli Damián en el desarrollo y difusión del ICUA en México, explicó que el plan se implementaría en varias fases, en un periodo de 20 años. Este lapso se dividiría en cuatro quinquenios. En el primero, los adultos mayores y niños menores de 8 años de edad conformarían el primer grupo en recibir el ICUA. La lógica de esta primera parte es aprovechar la estructura de los programas de transferencias existentes y ampliarlos, como el 65 y Más que entrega recursos a adultos mayores. La segunda etapa integra al grupo etario entre los 8 años y los 17 años. Para el tercer quinquenio, el plan contempla la entrega del ICUA a la población de mujeres entre los 18 años y los 64 años. Por último, para el cuarto quinquenio se agregan al ICUA el grupo etario de hombres que está entre los 18 años y los 64 años.

Los programas como Prospera irían gradualmente desapareciendo, reemplazados por el ICUA. El monto calculado por ambos investigadores es de 1,800 pesos por persona al mes, cantidad que cubre la alimentación. Esta cantidad, explicó Boltvinik, se calculó con base en el costo de la canasta básica alimentaria mas 10% para la preparación de los alimentos. Con ello, explica el entrevistado, se acabaría con la pobreza extrema, que se define grosso modo por la imposibilidad de las personas de cubrir sus necesidades alimentarias básicas. En la iniciativa de reforma se detalla que, bajo este plan de implementación progresiva, y alcanzado el cuarto quinquenio, la cobertura universal de la población representaría 8.35% del PIB nacional, beneficiando a 143 millones de habitantes —los que se calcula tendrá el país en el 2038— con 3 billones de pesos actuales.

Propuesta del FMI

Los modelos del IBU difieren entre propuesta y propuesta, así como los montos y los criterios bajo los que se calculan. En un artículo publicado en octubre pasado, la diputada Damián contrastó su propuesta con la que el ejercicio que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a principios del mismo mes. La institución financiera realizó un par de simulaciones con el IBU. En la primera, la población de México recibía un IBU igual a 25% de la mediana del ingreso per cápita (pc) mensual; en la segunda, una equivalente a 10 por ciento. Cálculos de la diputada, con base en cifras del ingreso en México del 2014, situaron el monto en el primer ejercicio en 510 pesos per cápita al mes, y de 204 pesos con la de 10 por ciento.

Los cálculos del FMI sitúan el costo fiscal del IBU de la primera opción en 3.5% del PIB, lo que reduciría 6 puntos el Gini (coeficiente con el que se mide la desigualdad, varía de 0 a 1, representando 0 la igualdad total del ingreso) y la pobreza 12 puntos porcentuales. Con la segunda opción, el costo disminuye a 1.5%, pero el efecto en la desigualdad es de sólo 3 puntos del Gini y de 6 en la pobreza, explicó Araceli Damián en su artículo.

El IBU propuesto por el FMI, a diferencia del programa de la diputada Damián, está enfocado en mejorar las cifras macroeconómicas, haciendo una reforma del sistema económico actual. El ICUA, por otro lado, es una propuesta que tendría como efecto fortalecer el Estado de bienestar, que las políticas neoliberales han ido desmantelando de a poco.

Volviendo sobre la propuesta de la diputada, y concretamente sobre el carácter universal del ICUA, Boltvinik explicó que las personas que no lo requieran podrían renunciar a él de forma voluntaria, expresando su intención por escrito. Esto ya sucede, dijo, con el programa 65 y Más. Este programa requiere que quien lo necesite debe solicitarlo con una inscripción. Los adultos mayores con altos ingresos no recurren al programa, renuncia implícita a un recurso que les pertenece por ley, pero que no les es necesario. La autoexclusión del ICUA no rebasaría 10% de la población, expresó Boltvinik.

En cuanto al financiamiento, las propuestas incluyen redireccionar 30% del gasto social hacia el ICUA, que al ya no ser una transferencia focalizada puede prescindir de un copioso aparato burocrático. Esto se lograría también llevando el presupuesto de los programas que ya operan y que son ineficientes o de bajo impacto hacia el ICUA. Los planes requerirían la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el país, de forma tal que la Federación deberá financiar el programa a nivel nacional, y los estados y municipios deberán sumarse aportando de sus ingresos propios para coadyuvar con la entrega del ICUA entre los ciudadanos.

El plan de financiamiento considera también un gasto racional de los recursos públicos por parte del gobierno, la reducción de la evasión fiscal y una reforma fiscal progresiva, a fin de incrementar la recaudación fiscal. Una reforma en este sentido significaría que el aparato fiscal mexicano cumpliría su obligación de redistribución de la riqueza entre toda la población.

Oxfam México y la pertinencia de implementar un piloto del IBU

Oxfam México se sumó al debate sobre el Ingreso Básico Universal (IBU) en el país. Su informe México justo: propuesta de políticas públicas para combatir la desigualdad contiene la recomendación de llevar a cabo un piloto de instrumentación de IBU con la intención de evaluar sus efectos en el combate a la pobreza y la desigualdad.

Diego Vázquez, gerente de investigación en Oxfam México, encargado de la planeación de este proyecto, explicó que la organización tiene un especial interés en entender los efectos que pudiera tener el IBU en el mercado laboral. Una de las grandes objeciones de los críticos del IBU es que un ingreso no condicionado desincentivaría la búsqueda de empleo entre la población. Vázquez señala que se busca tener datos sobre cómo afecta el IBU tanto a quienes ya tienen un empleo como a los que no lo tienen.

La muestra poblacional propuesta por Oxfam México para el experimento con el IBU comprendería 6,000 personas en total, de las cuales 50% formarían el grupo de control, y el 50% restante el de tratamiento. El experimento se realizaría en una comunidad en algún municipio. El tiempo para llevar a cabo este piloto se establecería entre los 2 y los 3 años, considerando que si fuera sólo por algunos meses los patrones de ahorro y de consumo se verían condicionados por el breve lapso.

Efectos del IBU

El experimento propuesto por Oxfam dispone que el IBU sólo se otorgue a personas en edad laboral (entre 15 y 64 años), con el fin de evaluar qué efectos tendrá en el mercado laboral. ¿Qué resultados permitirían calificar como exitoso a un experimento del IBU? Para Diego Vázquez, el que la entrega de esta renta tenga un efecto positivo en el incremento en el empleo y en su calidad sería signos positivos. Y aún más si el IBU tiene una incidencia benéfica en las relaciones laborales, al darles a los trabajadores márgenes de negociación de las condiciones labores frente a los empleadores toda vez que cuentan con un ingreso seguro que los respalde.

En lo que respecta al monto planificado para la puesta en marcha de este proyecto, Vázquez indica que aún sopesan si usar el modelo de un ingreso que esté apenas por debajo de la línea de bienestar mínimo, o el monto que lo cubre por completo. El instrumentar el IBU con un monto por debajo de la suma necesaria para cubrir las necesidades alimentarias básicas tiene como objeto —afirma Diego Vázquez, basado en la literatura sobre el tema— prevenir entre la población una desbandada masiva del mercado laboral, no obstante que los resultados de los experimentos realizados hasta ahora no sustentan este temor.

Una de las razones que lleva a Oxfam México a proponer la experimentación con el IBU es el uso con fines electorales que se ha hecho de los programas sociales. El IBU, cuyo concepto implica que sea un derecho, y por lo mismo no condicionado y universal, no podría ser cooptado por los poderes políticos con fines clientelares, como sí sucede con los programas sociales focalizados de combate a la pobreza.

Transitar a la libertad real

Phillipe Van Parijs, filósofo belga que ha centrado su producción de pensamiento en discurrir sobre el IBU, explica que con esta transferencia las personas pueden acceder a la liberta real. La libertad real, nos dice Van Parijs, es distinta de la libertad negativa, esto es, de la libertad que tiene cada persona para hacer lo que desee, en la medida en que no hay algo que se lo impida. La libertad real, por el contrario, es cuando el individuo tiene las condiciones necesarias para tomar decisiones y emprender acciones. En el caso del IBU, si una persona tiene cubiertas las necesidades alimentarias básicas, es decir, no teme tener hambre, podrá tomar decisiones con libertad, condición necesaria en toda democracia que se precie de ser tal.

Como se ha expuesto, el plan de Ricardo Anaya necesita definirse en muchos aspectos. No es la primera iniciativa al respecto. Es necesario recordar que el IBU está consagrado en la Constitución de la Ciudad de México, bajo la figura de “mínimo vital”, mutación necesaria dada la oposición de los grupos del PRI y del PAN que se opusieron a que fuera integrado en la carta magna de la CDMX. Gabriel Zaid ya había propuesto algo semejante en la década de los 70, periodo en que la abundante renta petrolera marcaba récords de excedentes, y recursos que en opinión del intelectual mexicano debían beneficiar directamente a todos los mexicanos en forma de una renta. El debate es necesario, ante el evidente fracaso de las medidas del combate a la pobreza y la desigualdad en México. La búsqueda de alternativas es urgente y necesaria.

luis.martinez@eleconomista.mx