Teresa es empleada del hogar remunerada en una casa de la colonia Polanco en la Ciudad de México, no tiene hijos, pero cuida a tres y no tiene familia ni conocidos en la capital. Martha se encuentra en una red de explotación sexual forzada que opera en el centro de la ciudad, no puede salir y si pudiera no conoce otra forma de generar ingresos. Julia quedó en una cita con una persona que conoció en redes sociales y nunca volvió a casa; le arrebataron a sus hijos para darlos en adopción ilegal. Las tres son víctimas de trata y extraídas de sus comunidades en Chiapas, Tlaxcala y Guerrero hace 15 años. 

Teresa, Martha y Julia son personajes ficticios, pero personifican las historias de muchas mujeres que han atravesado situaciones similares. La trata de mujeres y menores es una de las problemáticas sistemáticas de la violencia de género más complejas y menos visibilizadas en la sociedad mexicana. La “comercialización” de las personas ocurre con una persistencia especial en comunidades indígenas en relación con las grandes ciudades, ¿por qué?, la combinación de factores económico-sociales de estas zonas se convierte en la coartada perfecta para las redes e individuos involucrados en la trata. 

En México, 45 de cada 100 menores víctimas de trata pertenecen a comunidades indígenas y el 85% del total de las víctimas son mujeres o niñas, de acuerdo con cifras del Diagnóstico Nacional de la Situación de la Trata de Personas en México, un informe elaborado por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Estas cifras nos dan pistas claras: la trata no es un hecho aislado y no puede analizarse sin interseccionalidad.

¿Cómo opera el “comercio” de personas?

Está prohibido, sí. Pero bajo la leyenda de “usos y costumbres” es todavía común escuchar que en comunidades indígenas los padres o tutores te ofrecen llevarte a una o todas sus hijas a cambio de una suma acordada de dinero. A veces para que contraigan matrimonio, a veces para convertirlas en las nuevas empleadas del hogar, a veces para llevarlas a trabajar de manera precarizada en una maquila, en otras ocasiones para obligarlas a prostituirse e incluso para usarlas como vientres de alquiler

Según los registros de las activistas y los colectivos, dependiendo la comunidad, las mujeres, niñas y adolescentes son ofrecidas por entre 4,000 hasta más de 100,000 pesos, según los habitantes de las regiones. En la mayoría de los casos la entrega es definitiva, pero en muchos otros las víctimas son entregadas sólo por un periodo determinado de tiempo. 

Algunas de estas “transacciones” son consentidas por la familia de las víctimas. En otros casos obedecen a una serie de violencias y engaños a estas personas, que se encuentran marginadas y en situación de desventaja. La trata se ha ido adaptando a nuevas modalidades, por ejemplo, las redes de trata ya no sólo ofrecen dinero o engañan a los tutores de las menores, ahora también aprovechan la expansión de la conectividad y las redes sociales para atrapar a las víctimas, aseguró Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía, experta en temas de violencia contra las mujeres desde diversos enfoques.

“Cada vez más niñas y adolescentes cuentan con celulares y acceso a internet, esta ha sido una forma en que se engancha a las víctimas. Esto, sí, bajo una lógica del enamoramiento, pero también bajo una lógica de las condiciones sociales en las que se enfrentan. La violencia contra las mujeres es permanente, muchas veces dentro de los mismos hogares hay clima de violencia y no hay redes de apoyo para mujeres. Es una familia que la sociedad ha roto. Entonces cuando un tratante quiere enganchar a una niña o adolescente es mucho más fácil porque ellas ven esta salida del hogar como su escape del contexto de violencia en el que viven”. 

En cualquier caso, la violencia es extrema y profundamente clara: las niñas, niños, adolescentes y mujeres son tratadas como mercancías y privadas de la libertad y otros derechos humanos fundamentales. De ahí hay que partir. En entrevista con El Economista, la especialista resaltó los obstáculos en términos de documentación de estas problemáticas debido a las distintas formas en las que se da el fenómeno. En los casos en donde las propias familias “comercializan” con los menores, nunca se emiten denuncias, alertas de desaparición o algún tipo de recurso legal. Y en los casos en donde efectivamente las redes de trata arrebatan a las menores sin consentimiento de la familia, las autoridades no relacionan estos procesos de desaparición con redes de trata y otras formas de la violencia contra mujeres.

Esto provoca una importante cifra negra en estos delitos. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que de enero a abril del 2021 sólo se tienen 55 presuntos secuestros de mujeres y 6 presuntas víctimas de trata. Aunque estos son los registros oficiales la realidad es que hay muchísimas omisiones del Estado en todos los órdenes desde la prevención, atención y la impartición de justicia que dejan fuera a miles de víctimas, comentó Méndez Ahuactzin. 

¿Por qué es tan difícil parar la trata?

Son personas y no es posible realizar ninguna transacción comercial con ellas, aunque pasa. Lo difícil de parar estas prácticas es que no existen mecanismos de prevención, tratamiento y justicia integrales y con perspectiva de interseccionalidad. “Es imposible ver la trata de niñas y mujeres sin ver otro tipo de violencias de género como la sexual, la física, la emocional y la económica”, dijo la directora del Colectivo Mujer y Utopía. 

En los casos específicos, sin omitir las múltiples situaciones que se derivan de la trata de personas, del matrimonio obligado y la explotación sexual es importante ir a todos los organismos que pueden identificar una violencia y deben notificar a las autoridades pertinentes. Por ejemplo, en los hospitales cuando el personal identifica embarazos adolescentes o infantiles o algún tipo de violencia sexual en pacientes lo pasan por alto, no lo registran y eso lo normaliza, entonces se vuelve mucho más complicado rastrear la situación de las pacientes. Así con muchos otros organismos, cuando las autoridades civiles identifican matrimonios de mujeres de apenas 18 años con hombres de mucha más edad. 

La impunidad es otro de los factores fundamentales que complican la reducción de la trata de personas en el país; de acuerdo con la experta, en los delitos de género la impunidad alcanza niveles mayores al 90 por ciento. 

“Comercializar” los cuerpos, la capacidad reproductiva, la capacidad laboral o la libertad de las niñas, adolescentes y mujeres es un delito, pero no sólo eso. Es una problemática que forma parte de una estructura de violencia por razones de género que debe erradicarse no sólo desde el castigo o desde hechos aislados. La trata de personas está directamente ligada con otras agresiones. 

Aunque es fundamental concientizar a las poblaciones en donde ocurre con mayor incidencia y acercarles los medios para que estos “usos y costumbres” se transformen, la mayor responsabilidad radica sobre el Estado, las autoridades y las políticas públicas que se implementan para prevenir, atender y erradicar esta y todas las expresiones de violencia contra niñas y mujeres.

ana.garcia@eleconomista.mx