Una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) facultó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para solicitar la aprehensión del ex subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, quien se quejó de no haber sido citado a declarar para justificar los presuntos delitos electorales de los que se le acusa.

El miércoles pasado, al conocer que la Fepade había girado solicitud de aprehensión en su contra por delitos electorales, Arturo Escobar dijo que no ha sido requerido por ninguna autoridad y expresó su rechazo a las imputaciones. Expreso mi plena confianza en que se aclaren los hechos y se confirmará mi inocencia .

De acuerdo con la Fepade, una tesis de octubre del 2001 le permite al Ministerio Público Federal (MPF) solicitar la aprehensión en caso de encontrar elementos en contra de un imputado, sin que éste haya sido citado a declarar o se le notifique a su defensa.

El Artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para el libramiento de una orden de aprehensión, no exige el que se tome la declaración al indiciado, ni tampoco el que se le cite para hacerle saber los cargos que hay en su contra o se le oiga en defensa, pues únicamente determina que dichas órdenes estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del inculpado , refiere.

En espera de que el juez de la causa determine si ordena la aprehensión de Escobar y Vega, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, precisó los delitos que enfrenta el militante del Partido Verde Ecologista de México. La Fepade, dijo, encontró que había existido una serie de contrataciones indebidas y de actos indebidos . Explicó que la ley electoral prohíbe la entrega de dádivas (Tarjetas Platino por parte del PVEM, a través de un contrato firmado por Escobar), por lo que los partidos políticos tendrán prohibido entregar cualquier tipo de material en el que se haga una oferta, en dinero o en especie, sea inmediata o mediata, directa o indirecta, que beneficie a un partido en las campañas electorales .

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