Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que las autoridades no han dado seguimiento a la Recomendación General 24, sobre agresiones a periodistas.

“No hay un seguimiento puntual, habrá unas dos o tres actividades realizadas pero que no han tenido repercusión. Esto fue retomado incluso por la Conago cuando en su momento el presidente convocó a los gobernadores, el presidente de la CNDH asistió, les dijo aquí está la Recomendación General 24”, dijo.

Luego de la presentación del documental Libertad de Expresión. Periodismo en México destacó que en el documento vienen lineamientos y respuestas para atender el clima de violencia contra la prensa.

Sin embargo, lamentó que “de alguna forma tomaron unas consideraciones de ahí, pero no hemos visto un seguimiento mayor”.

Corzo resaltó que en la Recomendación se señaló puntualmente la responsabilidad de los estados en la protección a los periodistas y la garantía para la libertad de expresión, esto porque gran parte de agresiones y asesinatos de periodistas ocurren en los estados.

Refirió que cuando hay un homicidio de periodista, la primer línea que debe seguirse es la de su trabajo periodístico; sin embargo, recordó que en ocasiones “inmediatamente” la autoridades se van por otras líneas de investigación.

“Si no se actúa rápidamente se va perdiendo la evidencia (...) es muy importante la existencia de protocolos de actuación rápida, protocolos que nosotros podamos definir los primeros tres, cinco o 10 pasos para tener un resultado en la investigación”, expuso.

El quinto visitador dijo que no bastan los ordenamientos jurídicos para la protección de los periodistas aunque éstos sean “bonitos, claros, diáfanos y de buena voluntad”, sino para acabar con la impunidad hace falta la aplicación de la ley y una voluntad política para ello.

Cifras de la CNDH dan cuenta de 133 homicidios contra periodistas, 21 desaparecidos y 52 atentados a medios de comunicación del año 2000 a la fecha, con una impunidad en los casos de 90 por ciento.

“La violencia contra periodistas ha obligado cada vez con mayor frecuencia al desplazamiento forzado de algunos comunicadores, quienes abandonan sus hogares y trabajos para ponerse a salvo junto con sus familias, como lo demuestra el hecho de que al menos 10 de ellos estén acogidos por esa causa al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que el Estado mexicano debe generar las condiciones para su retorno o para su integración plena en un nuevo lugar de residencia”, indicó.