Un día más de bloqueos, ahora intermitentes, con la posición del gobierno federal de señalar el involucramiento de una persona con antecedentes penales, por secuestro, en el movimiento de los policías federales; una supuesta vinculación del expresidente Felipe Calderón, quien la rechazó; y el anuncio de la interposición de una denuncia por compra a sobreprecio de un sistema de inteligencia en el sexenio pasado, fue como transcurrió la jornada de este jueves en la PF, cuyos integrantes aún demandan respeto a derechos laborales de cara a su integración a la Guardia Nacional.

Mesas de negociación, sin resultados; rompen con representantes

Tras dos días de manifestaciones por parte de los integrantes de la Policía Federal, quienes se encuentran inconformes por su incorporación a la Guardia Nacional, autoridades y uniformados no lograron un acuerdo para dar respuesta a las inquietudes.

Luego de asegurar que no se modificarán las reglas para transferir personal de la Policía Federal a la Guardia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, acusó que detrás de las protestas de elementos de la PF hay activismo político del expresidente Felipe Calderón y de una persona que fue sentenciada por el delito de secuestro.

En conferencia de prensa, Durazo Montaño acusó al exmandatario, Felipe Calderón Hinojosa, de un activismo político inusitado para defender a la Policía Federal, cuando en su momento abandonó a la institución y no ayudó a fortalecerla.

“No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical (dentro de la Guardia Nacional)”, sentenció Durazo.

Sin embargo, dijo que en el proceso de negociación con los policías federales inconformes “no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional. Éstos están establecidos en diversas disposiciones, en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y en el reglamento interno de la propia Guardia Nacional”.

Al respecto, el expresidente Calderón dijo que la protesta en la PF tiene origen, de fondo, por tener menos prestaciones y condiciones indignas para los policías al incorporarlos a la Guardia; y de forma, por el trato despótico. Rechazó además “la cobarde insinuación de que estoy detrás de ella. Si tienen pruebas, exhíbanlas”.

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario Durazo que no “anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que puedan ser omisiones, ineficacias o torpezas”. Calderón dijo que no aceptaría ser representante de los policías, porque en la Secretaría de Seguridad “gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos”.

Por otra parte, el secretario Alfonso Durazo acusó de estar detrás de las protestas a Ignacio Benavente Torres, presidente de la asociación Pro Libertad y Derechos Humanos de América, con sede en Tijuana, quien fue sentenciado por el delito de secuestro.

Ignacio Benavente Torres reconoció que fue sentenciado a 70 años de prisión por el delito de secuestro, condena que se redujo a 21 años, debido a que, dijo, no cometió el hecho. “Me están utilizando para desvirtuar”, refirió.

En tono molesto, el secretario Durazo dijo en conferencia de prensa que las protestas, si bien se entienden como parte de su derecho a manifestarse, son “un movimiento que no tiene razón de ser”.

División entre policías

Este jueves, al concluir la mesa de negociación entre representantes de la PF con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, los policías informaron el avance de los acuerdos al resto de los integrantes de la corporación, que al no estar de acuerdo con la resolución decidieron romper con sus representantes.

Dichos representantes informaron que la Policía Federal desaparecerá en 18 meses “tarde o temprano” y que aquellos uniformados que no deseen incorporarse al mando militar, podrían ser reubicados en otras áreas, respetando sus sueldos y antigüedad.

Además, se anunció que hasta el sábado las autoridades informarían sobre el cálculo de las liquidaciones individuales, ya que hasta el momento no se cuenta con un tabulador, por lo que es necesario que  sea consultado con las secretarías de Hacienda y del Trabajo.

Ante esta respuesta, el resto de los policías acusaron a sus compañeros de haberse vendido y no realizar las negociaciones de manera adecuada y rechazaron integrarse a otra corporación.

Advierten irregularidades en adquisición de sistema de inteligencia

El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, anunció que la Consejería Jurídica de Presidencia de la República presentará una denuncia penal por la compra, por parte de la Policía Federal en el anterior gobierno, de un sistema de inteligencia, conocido con el nombre de Rafael, que fue adquirido en 2,458 millones de pesos, cuando en realidad su costo era menor.

En conferencia de prensa, Durazo Montaño aseguró que las protestas de integrantes de la Policía Federal tienen de fondo actos de corrupción que sus líderes no están dispuestos a perder.

“Dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal.

“Fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución. Son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada, en la compra de tecnología, entre muchos otros”, aseveró Durazo Montaño.

Dijo que uno de los temas que están en litigio actualmente al interior de la Policía Federal es la adquisición de un sistema de inteligencia sumamente potente, conocido como Rafael, que se contrató el 23 de diciembre del 2015, para el análisis, diseño e implementación del sistema de explotación de la información de inteligencia.

“Se adquirió por 2,458 millones de pesos un sólo producto de inteligencia. Esta contratación se realizó a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma, provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por 1,300 millones de pesos, aproximadamente”, explicó.

Mencionó que el 7 de febrero de este año, la secretaría a su cargo presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestas irregularidades en la adquisición de este equipo, e informó que además de ese recurso “también se presentará una denuncia penal por estos hechos contra quien resulte responsable. Estimaciones diversas hablan de un sobreprecio de este producto que se multiplicaría o que dividiría entre cuatro el valor real de este producto en el mercado”.

“Todo ello quedará aclarado después de las investigaciones que hemos solicitado a la SFP y de la denuncia penal que presentará, a quien hemos hecho entrega ya de estos elementos”.

Expresó que también detrás de las protestas está un servicio que tiene adquirido el gobierno con cuatro empresas (Cusaem, Servicios Industriales e Institucionales y Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Sociedad Anónima), para que 40,000 vigilen instituciones del gobierno federal.

“Y estamos en el proyecto de consolidación para que este servicio de protección federal se encargue precisamente de la prestación de este servicio a las propias dependencias del sector público que le pagarán al Servicio de Protección Federal recursos que servirán para financiar su crecimiento”, concluyó.

La crisis la ha provocado este gobierno: Osorio Chong

El Secretario de Gobernación durante el sexenio pasado, y a cuyo cargo estuvo el mando de la Seguridad Pública Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó ser responsable de los problemas que derivaron en la rebelión y protestas actuales de elementos de la Policía Federal que se niegan a formar parte de la Guardia Nacional.

“No acuso recibo. La crisis no tiene que ver con sexenios anteriores. Es la que se ha provocado desde el inicio de este gobierno. No le han informado al presidente que en Bucareli no hay sótanos; siempre dimos la cara”, afirmó el actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores.

Así respondió el hidalguense a la declaración de la víspera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que dicho cuerpo policiaco “se echó a perder, y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo en la Secretaría de Gobernación”; es decir, cuando Osorio Chong, responsable de la política interior, encabezó también el gabinete de seguridad pública.

“Es increíble que a nivel internacional se le ha reconocido como una policía de élite y aquí se le diga que está llena de vicios, de corrupción, de los señalamientos que se mencionan una y otra vez, y, pues, sin mencionar nombres dicen que no sirve”, expresó el exsecretario.

Y llamó al gobierno federal a rectificar en el manejo del problema que ya estalló. “Espero que haya una rectificación. Se determinó crear la Guardia Nacional pero creo que no hubo la sensibilidad para llevar el proceso de cambio de lo que es nuestra Policía Federal a la Guardia Nacional. Hay un trato diferenciado. Pasan todos los tipos de controles y los quieren someter a otros tipos de controles. Ha sido poco acertado este proceso, espero que esta crisis se pueda superar”.

Reitera AMLO “mano negra”

“Siempre hablamos de que se había echado a perder esta corporación y es una muestra evidente”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir en que las protestas de elementos de la Policía Federal hay “mano negra”.

En Palacio Nacional, dijo que siguen corriendo los 18 meses legales que el gobierno tiene para desaparecer la Policía Federal, pero sin despedir a ningún elemento.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, negó que esté en riesgo la gobernabilidad del país como consecuencia de las manifestaciones de la PF.

“Yo no sé ahorita. No tengo idea quién sea la ‘mano negra’ pero hay una cosa, siempre detrás de alguna manifestación hay intereses”.