La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un recurso de revisión que tendrá por objeto determinar si el financiamiento público que reciben los partidos políticos puede ser embargado cuando se da cumplimiento a un laudo que los condena a pagar diversas prestaciones por el despido injustificado de uno de sus trabajadores.

La Sala tendrá la oportunidad de conocer el caso de una mujer que fue despedida por un partido y que, después de acudir a las instancias laborales, obtuvo un laudo que condenó a ese instituto político al pago de diversas prestaciones por despido injustificado.

Pero al requerir el pago que estipulaba la sentencia, el partido se negó a efectuarlo, sin que se pudiera practicar el embargo sobre las prerrogativas que recibe como financiamiento público.

La Segunda Sala de la Corte consideró importante establecer las bases y parámetros que brinden certeza en la impartición de justicia porque no existe criterio alguno emitido por este tribunal que resulte obligatorio, o que sirva de guía, para los órganos jurisdiccionales que conocen de juicios de amparo relativos al procedimiento de embargo en la ejecución de laudos condenatorios para partidos políticos.

Finalmente, la Sala de la SCJN resaltó que su pronunciamiento permitirá establecer un criterio de carácter excepcional y novedoso en el cumplimiento de condenas derivadas de relaciones laborales entre los institutos políticos y sus trabajadores.

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