El pleno de la Cámara de Diputados fue escenario de la primera batalla del 2018 entre diputados del PRI contra legisladores del PAN, PRD y MC, por tratar de librar a sus candidatos presidenciales, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, respectivamente, de actos de corrupción.
Con mantas en las que se leía: “Saqueo 500 millones de Sedesol #SexenioCorrupto" y “Juicio Político al Procurador", diputados del PAN se presentaron en el pleno para defender a su candidato presidencial, Ricardo Anaya, de los actos de lavado de dinero que investiga la PGR.
El coordinador panista Marko Cortés le pidió al presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Edgar Romo, “que en su carácter y responsabilidad le solicite al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, que saque las manos del proceso y que deje a los mexicanos elegir con libertad quién va a ser el próximo presidente de nuestro país".
Cortés Mendoza adelantó que este jueves, diputados del PAN, PRD y MC presentarán una solicitud ante ese recinto legislativo, de juicio político contra el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, “por el desempeño faccioso que ha hecho de la Procuraduría General de la República, persiguiendo a los adversarios políticos".
En respuesta, el diputado Armando Luna Canales (PRI), le respondió que no hay persecución, y que Ricardo Anaya “desperdició una gran oportunidad" el pasado domingo cuando acudió a la PGR, porque en lugar de sólo haber presentado un escrito, “hubiera aprovechado para declarar, para dejar en claro si conocía o no conocía a su amigo (Manuel Barreiro), con el cual lo vimos bailando en su boda con una peluca muy peculiar".
Luego, el diputado Jonadab Martínez (MC) dijo que la intervención del gobierno federal es la elección “es evidente, como evidente es que su candidato del PRI ya valió Meade en este proceso electoral".
Cuestionado sobre si prosperaría el juicio político contra Elías Beltrán, el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, dijo que “los juicios políticos no proceden por la simple apreciación de alguien, sino que tiene que haber una justificación de violación a las facultades que le confiere la Constitución y las leyes".
“No hay ninguna norma, ninguna ley que te obligue a suspender tus labores, tus atribuciones que tienes como autoridad, en virtud de los procesos electorales", comentó.
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