Familiares de migrantes víctimas de San Fernando, Tamaulipas, se presentaron en la Ciudad de México para solicitar que sean revisados sus casos, al dudar si los restos que recibieron de manos de las autoridades mexicanas son sus parientes.

Entrevistada durante una manifestación que siete familias de Centroamérica y Brasil hicieran frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alma García, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que ante irregularidades al momento de entregar los restos, los familiares piden que sus casos sean revisados.

En el 2010 se localizaron los cuerpos de 72 personas migrantes ejecutadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Meses más tarde, en el 2011, se encontraron fosas clandestinas con los restos de 193 personas en el mismo municipio. Ninguno de los casos ha sido considerado como grave violación a los derechos humanos.

Alma García expuso que el derecho que es violado a las familias es el de acceso a la justicia, debido a la fragmentación de casos, negación de información, negación de copias del expediente, la falta de reconocimiento de sus derechos como víctimas, los malos procedimientos forenses, la falta de atención y reparación, que han caracterizado estos terribles acontecimientos.

Este martes, los familiares se reunieron con gente de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde por un espacio de 10 minutos explicaron los avances de la investigación. Asimismo, presentaron una queja ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues a tres años de emitida una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que los fallecidos y sus familiares fueran reconocidos como víctimas, no ha existido un reconocimiento oficial de ello.