Resuelven sobre posesión de narcóticos

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que es constitucional el artículo de la Ley General de Salud, que penaliza la posesión simple de narcóticos.

Se trata del 477 que impone penas “de 10 meses a tres años de prisión y hasta 80 días de multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1,000 las previstas en dicha tabla, sin la autorización a la que se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”.

Con el voto en contra de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Pardo Rebolledo y sólo a favor del proyecto de la ministra Norma Piña Hernández, la posición de Arturo Zaldívar, se desechó este miércoles.

La ministra consideró en el proyecto que la pena de cárcel para posesión simple de mariguana es “innecesaria y desproporcionada”; sin embargo, con la votación, será turnado a uno de los ministros que votaron en contra para la elaboración del proyecto de resolución.

El proyecto de Piña Hernández proponía amparar a Jesús Adrián Ortiz Cutz, al considerar que el delito de posesión simple de narcóticos, en este caso sólo tratándose cannabis sativa, es inconstitucional al transgredir el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los principios de lesividad, subsidiariedad y fragmentariedad.

Señaló que el tipo penal no protege de daño o de poner en peligro la salud de terceros, por lo que no se actualizan los principios, “ya que su finalidad es proteger la salud del propio agente de llegar a consumir los narcóticos”.

Además de que el proyecto refería que el estado no tiene legitimidad para prohibir el consumo de narcóticos de personas adultas con capacidad de decisión, cuando con esto no se dañe a terceros.

Llega iniciativa sobre Amapola

La Comisión Permanente del Senado de la República recibió el proyecto enviado por el Congreso de Guerrero para despenalizar la siembra y producción de amapola con fines médicos y científicos.

El proyecto dispone diversas modificaciones a artículos de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del de Procedimientos Penales.

Entre ellos destaca que en caso de que se aseguren cultivos de amapola, el Ministerio Público deberá entregarlos a la Secretaría de Salud federal.

Para poder sembrar y producir amapola se prevé que sea también la Secretaría de Salud la que emita los permisos para el cultivo e incluso autorice transferencias entre privados con respecto a la titularidad de los mismos cultivos. La iniciativa fue turnada a comisiones.