Acciones como desaparición forzada, tortura y detención arbitraria en Guerrero durante el periodo de la Guerra Sucia, obedecieron a una política de Estado de represión y exterminio, manifestó Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV).

Al presentar el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, refirió que el informe final de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerreo da cuenta que la represión en la entidad en las décadas de los 70 y 80 fue generalizada, ya que la desaparición forzada, tortura y detención arbitraria se ocuparon contra un amplio sector de la sociedad.

“Sufrieron desaparición forzada estudiantes, campesinos, indígenas y activistas sociales, o simplemente sobre quien cayera alguna sospecha o deseo de venganza.

“De acuerdo con este informe, la represión en Guerrero obedeció a un patrón regular y preconcebido: se trató de una política de Estado, una política de represión e incluso de exterminio”, destacó.

En Atoyac de Álvarez, Guerrero, Rochín del Rincón reconoció ante el gobernador del estado, Héctor Astudillo y al primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, que 50 años después están frente a los pobladores para “ofrecerles una disculpa y una política distinta”.

Recordó que el informe especial sobre desaparición forzada y fosas clandestinas que la CNDH presentó en el 2017 y en donde recomendó la instrumentación de un Plan de Reparación del Daño, generó un proceso que logró sumar 491 víctimas directas y 1,070 indirectas.

Entre las medidas que desarrollará el Plan está la creación de un mecanismo de investigación independiente para esclarecer la verdad sobre violaciones graves a los derechos fundamentales durante la Guerra Sucia, así como una disculpa pública de las autoridades.

Se prevé también elaborar planes integrales de reparación grupal, además de promover la elaboración de diagnósticos que permitan el otorgamiento de medidas de fomento para la reconstrucción del tejido social.