El Instituto Federal Electoral (IFE) avaló ayer un protocolo preventivo de delitos electores y en contra de la compra y coacción del voto. Los consejeros exhortaron a los ciudadanos a no acceder a las casillas el 1 de julio con teléfonos celulares con el propósito de vender su voto.

Los consejeros aseguraron que no tienen facultad legal para prohibir a los ciudadanos acceder con teléfono celular a la casilla ni a la mampara y menos hacerles un cateo para evitarlo, por lo que sólo hicieron un exhorto a la ciudadanía a no permitir la compra de su voto.

El protocolo sí exhorta a la Fepade a redoblar la vigilancia contra delitos electorales y que el IFE tenga un vínculo con la PGR para remitir posibles denuncias de coacción del voto.

El protocolo indica a los ciudadanos que si les ofrecen algún obsequio el día de la elección, no los compromete a votar por alguien en específico, pues las despensas, dinero y materiales de construcción generalmente se pagan con recursos públicos. Son cosas que pagamos todos con nuestros impuestos. Aceptar los regalos no nos compromete a votar por nadie que no queramos , detalla.

Se recuerda que la ley electoral precisa que se impondrán de 100 a 200 días multa y prisión de uno a seis años al funcionario partidista o al candidato que ejerza presión sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados. Lo mismo para quien realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral o sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales.

Y de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que obligue a sus subordinados a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato.