Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados liberaron este jueves el proyecto de reforma educativa, tras los foros que se realizaron y se prevé  que sea discutida el próximo 20 de marzo.

La iniciativa inicial enviada por la presidencia de la República a la Cámara baja destacaba en principio por omitir la palabra autonomía sobre las universidad públicas, hecho que causó polémica y, que fue explicado por autoridades federales, como una omisión.

El nuevo proyecto deja intacta la fracción séptima del artículo tercero que precisa la autonomía de las universidades.

De acuerdo con el documento se deja asentado en el artículo tercero también que los maestros del país “son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación”.

Se precisa también que el Estado estará obligado a fortalecer las escuelas de formación docentes, en especial las normales.

Además de que los planes y programas de estudio “tendrán una perspectiva de género y una orientación integral” en donde se incluirán las rama de humanidades, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas extranjeras e indígenas, educación física, artes en especial la música y cuidado al medio ambiente entre otras.

En los artículos transitorios se precisa que una vez que entre en vigor el decreto se derogará la Ley General del Servicio Profesional Docente, además de que se indica que mientras el Congreso de la Unión no apruebe una ley en materia de servicio de carrera docente, todas las evaluaciones hacia los docentes quedan suspendidas.

“Todo acto derivado de la Ley General del Servicio Profesional Docente vinculado a la no permanencia de las y los maestros, queda sin efectos”, se enfatiza en el artículo tercero transitorio.

En el artículo noveno se precisa también la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que será sustituido por un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

El proyecto tendrá que ser discutido en comisiones para luego ser subido al Pleno de la Cámara baja y ahí ser aprobado por al menos dos terceras partes de los legisladores presentes.