La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) enfatizó que la violencia hacia niñas, niños y adolescentes está en el territorio, no en los videojuegos, ello luego de que el gobierno federal diera a conocer el rescate de tres niños en Oaxaca, víctimas de un intento de reclutamiento por parte del crimen organizado a través del juego en línea “Free Fire.

La organización defensora recalcó que ante una dificultad real en el hecho de que el Estado carece de cifras oficiales que permitan dimensionar y dar puesta en marcha a una estrategia para prevenir que las infancias sean víctimas de redes y grupos delictivos, mediante el reclutamiento incluso virtual, como sucedió en esta oportunidad.

La atención y prevención de las diversas formas de violencia a las que están expuestos niños, niñas y adolescentes, y en especial, ante la violencia armada en México, no puede hacerse desde un enfoque coyuntural como si se tratara de situaciones especiales o particulares.

“En REDIM queremos dejar claro que ni los videojuegos ni las plataformas digitales son las responsables de las violaciones en contra de los derechos de nuestras infancias en México. Por el contrario, estas plataformas son lugares de comunicación, de acceso a la información y expresión de las propias opiniones, que en el contexto de resguardo por la pandemia aumentó la participación y socialización digital”, señaló.

“Es una falsa solución pensar que se deben prohibir los videojuegos o retirarlos como la forma de atención a un problema estructural de violencia que aún no resuelve el Estado”, enfatizó la organización.

En tanto, llamó a las autoridades del Estado mexicano a desarrollar una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos, que garantice la protección de niños, niñas y adolescentes ante el incremento de la violencia armada en el país.

“Lo sucedido en el denominado 'Caso Free Fire', nombre con el que se identifica el juego digital usado como medio para captar a los tres niños, revela el alcance en la diversidad de las operaciones delincuenciales hacia todo tipo de espacios de convivencia y socialización en los que se desenvuelven niños, niñas y adolescentes”, expresaron.

Por otro lado, también se destacó la necesidad de que se tipifique el reclutamiento, en cualquiera de sus modalidades, dentro de los delitos que deben ser castigados en nuestro país. Buscar, investigar y juzgar a quienes realizan estas prácticas contra las infancias tiene que ser una prioridad del Estado y sus autoridades.

De acuerdo con nuestro último estudio sobre el tema —realizado con el Observatorio Nacional Ciudadano– en México la población entre 0 y 17 años en riesgo de reclutamiento por parte de grupos delictivos ascendía entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes en 2020. El Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla y Guanajuato concentran 41.5% de esta población en riesgo.