La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) informó que en Sonora existen 270 integrantes de diversas etnias presos por delitos del fuero común en diversos centros de readaptación social.

El delegado de la dependencia federal, José Luis Germán Espinoza, expuso en entrevista que a algunas personas se les apoya de diversas maneras para que recuperen su libertad en caso de que estén en posibilidad de ser excarceladas.

Refirió que a través de un programa especial de acceso a la justicia se apoya a presos indígenas para que sean liberados a través del pago de las fianzas de montos que oscilan entre 1,000 y 10,000 pesos que son aportados por la CDI.

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Asimismo, anotó, se les brinda asesoría jurídica con intérpretes y traductores certificados en lenguas indígenas para facilitar el trabajo de los ministerios públicos y jueces o bien para el acercamiento con sus familiares.

La comisión de diversos delitos como homicidios, violencia, violación, robos simples y agravados, entre otros, son por los que 270 indígenas de diversas etnias están presos en diferentes Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Sonora, anotó.

Recordó que durante este año la CDI logró la excarcelación de unos 33 indígenas que estaban presos y una cifra similar también se liberó en 2014.

Es todo un procedimiento el que se sigue, pues no se puede pagar la fianza a todos, nosotros clasificamos a quienes se puede apoyar y tienen que ser primo delincuentes, ya que si son reincidentes no tiene caso estarlos apoyando , anotó.

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Explicó que cuando la autoridad judicial determina que el indígena puede dejar la prisión del mismo juzgado se informa a la CDI al respecto para que se cubra la fianza y recupere su libertad.

Planteó que cuando los indígenas se ven envueltos en algún problema legal y son llevados a prisión las autoridades dan aviso a la CDI o bien los mismos familiares buscan el apoyo de la dependencia.

Asimismo, abundó Germán Espinoza, existen unas 60 personas de origen indígena de Sonora que se encuentran internadas en diversos penales del país por ilícitos del orden federal, principalmente por estar involucradas en delitos contra la salud.