Pone énfasis en la lucha fiscal y financiera contra la corrupción

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), manifestó que México se encuentra en una “situación alarmante de corrupción” problemática que “tiene una hermana siamesa”: la impunidad.

En este sentido durante su participación en el foro Diálogos: Derechos Humanos y Anticorrupción, organizado por la Coparmex, dijo que desde la SFP propondrán inicialmente cinco líneas estratégicas de acción para combatir la corrupción.

Éstas son: la austeridad orientada a fomentar el respeto a los derechos humanos; combatir el conflicto de interés; fomentar una política de transparencia; establecer un programa anticorrupción en el universo público y combatir la impunidad.

Dijo que en la rendición de cuentas se utilizarán las herramientas tecnológicas para monitorear los recursos públicos, además de instaurar figuras ciudadanas que acompañen los procesos de adquisiciones y contrataciones “más allá de la figura del testigo social”, para robustecer a los contralores ciudadanos.

Sandoval Ballesteros dijo que la estrategia priorizará la lucha anticorrupción en los sectores fiscal y financiero, “para no seguir más con esa sombra que nos ha llenado de sospecha pública al respecto de lo que son los flujos financieros a nivel internacional”.

“México en los últimos siete años ha dado 514,000 millones de dólares a la economía de lo ilícito, en una gran arista de acciones que tienen que ser erradicadas de nuestra vida pública desde las más altas esferas de decisiones públicas”, refirió.

Por su parte, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que el sector salud es “extremadamente vulnerable” a la corrupción, por lo que se tienen graves consecuencias en el disfrute de este derecho sobre la base de igualdad y no discriminación.

Jarab destacó que aunque algunas prácticas cotidianas relacionadas con los servicios de la salud pueden no ser consideradas jurídicamente como corrupción, “su aceptación tiene un efecto acumulativo perjudicial en el rendimiento de sistemas de atención a la salud e indirectamente sobre la salud individual y social”.