El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó dentro de su presupuesto del próximo año una partida por 844 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de garantizar la seguridad de jueces y magistrados que han sido amenazados, o su vida corre algún riesgo.

“El presente proyecto de presupuesto prevé una asignación de 844 millones de pesos, recursos necesarios para garantizar la seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados”, estableció el PJF mediante el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 que deberá analizar y eventualmente aprobar la Cámara de Diputados.

El 16 de junio del 2020 fue asesinado dentro de su domicilio en Colima el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, Uriel Villegas Ortiz, así como su esposa, Verónica Barajas. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación cometieron el crimen, pues cuentan con detenidos relacionados con esa organización criminal.

“El Poder Judicial de la Federación mantiene como prioridad garantizar la protección y seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de corrupción”, estableció el PFJ en el proyecto de presupuesto del próximo año.

El año pasado, para ese mismo propósito, el PJF solicitó a la Cámara de Diputados recursos por 826 millones de pesos. De esa forma, el presupuesto requerido para este año es 18 millones de pesos superior.  

“En el caso específico del Consejo, ello ha conllevado la mejora de sus procedimientos de asignación de medidas de protección y seguridad para las personas juzgadoras, para evitar que los procesos administrativos obstaculicen esa acción prioritaria y lograr menores tiempos de respuesta y determinaciones que auténticamente atiendan a cada tipo de riesgo”, se argumentó.

Sin datos de resguardo a jueces

El miércoles pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, evitó proporcionar la estadística sobre juzgadores que cuentan actualmente con una medida de protección.

“Por razones de seguridad nunca daré públicamente ningún comentario ni dato sobre la seguridad de jueces y juezas, ni siquiera cifras. La seguridad de las juezas y jueces, magistradas y magistrados, está por encima de cualquier otra cuestión y es mi deber cuidarlos y cuidarlas. Si damos cifras, si damos datos, si decimos en qué consiste la seguridad, los hacemos vulnerables y no me puedo dar ese lujo”, afirmó.

Sin embargo, el ministro presidente de la Suprema Corte reveló que existían redes de poder de funcionarios en el Poder Judicial de la Federación que estaban coludidos con despachos privados para manejar y resolver conjuntamente asuntos. Sin embargo, aseguró que ya se erradicó esa conducta.

“No hemos terminado con la corrupción, me parece que es imposible decir que en alguna institución en el mundo, no solo en México, no hay corrupción, pero sí me parece que el combate que hemos venido dando, está disminuyendo de manera drástica. Hemos desarticulado verdaderas redes de poder que había entre funcionarios internos y despachos muy prestigiados de abogados, 'prestigiados' entre comillas, famosos, reconocidos que tenían tomado el Poder Judicial como verdaderas redes de poder internas y externas para manejar asuntos”, aseveró.

“La corrupción en el Poder Judicial ya ha disminuido drásticamente porque ya hay acciones, actitudes; que ya los juzgadores y juzgadoras no se atreven a realizar porque saben que habrá consecuencias”, planteó.

jorge.monroy@eleconomista.mx