El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, junto con la fundación Friedrich Naumann propusieron realizar un Sistema de Gestión de Información que permita a las personas indagar sobre sus familiares desaparecidos, al tiempo que ayude a tener un mecanismo de rendición de cuentas hacia las autoridades, más que tener un registro de personas desaparecidas, como el que se tiene hoy en día y el cual, mencionaron, tiene fallas estructurales.

La propuesta se realizó en el marco de la presentación del fascículo Desapariciones Forzadas: el registro estadístico ¿delito o circunstancia?, en el cual se detalla las inconsistencias en la información que se encuentra disponible en las bases de datos a nivel estatal, así como en órganos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED).

En el estudio, enfatizó el director del Observatorio Ciudadano, Francisco Rivas, se encontró que en primera instancia existen una multiplicidad de registros sobre personas desaparecidas que genera un alto grado de dispersión (...)hay una falta de claridad conceptual, no sabemos qué estamos registrando, confundimos términos como personas desaparecidas y personas extraviadas, ausentes o no localizadas .

Lo disperso de las cifras genera un sistema de impunidad, ya que no se permite focalizar políticas de combate contra la desaparición forzada.

Para la autoridad es muy cómodo que un ciudadano se dedique a buscar junto a otros seres queridos, con otras brigadas, a las personas que no se están buscando en México (...) esto debilita los procesos de justicia , dijo.

En referencia al RNPED, estableció que existe una falta de coordinación entre esta instancia y la información generada a nivel estatal o incluso en la misma Procuraduría General de la República (PGR), una vez que se identificó que a veces la información generada por la instancias de justicia no son incluidas en el RNPED.

A nivel estatal, Rivas identificó a Jalisco, Puebla, Nayarit, Baja California, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, como los estados que no permiten acceso a la información a las víctimas de desaparecidos . En tanto que Aguascalientes, Coahuila y Michoacán sólo reportan información de Alerta Ámbar.

Tamaulipas o Chihuahua son dos de los casos con mayor opacidad, ya que al consultarse sus páginas web sobre personas o alertas de desapariciones, remiten al usuario a páginas en construcción.

A su vez, el directivo precisó que estados como Chiapas y Sinaloa tienen información con mayor especifidad sobre las personas desaparecidas; sin embargo, exclamó que más completo no significa que estén bien .

Como propuestas para poder solucionar el problema, Rivas instó en que se debe reconocer, por principio, el grave problema, así como dejar atrás malas prácticas que se realizan en la procuradurías, como decir que se fue con el novio , o que en breve regresará a casa, una vez que pasadas 72 horas de que una persona desapareció se hace extremadamente difícil dar con su paradero.

Además de esto, sostuvo, se deben generar diferentes niveles de acceso a la información, ya que no es lo mismo que una persona quiera saber del problema a que alguien esté buscando a un familiar e implementar a plenitud el programa donado por la Cruz Roja denominado AM/PM (Ante mortem/Pos mortem) que contabiliza tanto a personas desaparecidas como a las encontradas con vida.

En el país existen 11 bases de datos. El RNPED registra cerca de 20,000 desaparecidos, mientras la PGR contabiliza 2,198, del 2014 a octubre del 2016, desglosados en 1,637 hombres y 561 mujeres.