Organizaciones sociales celebraron que se haya pospuesto el debate sobre las reformas al sistema de justicia penal, sin embargo, llamaron a que las iniciativas no incluyan puntos que contravengan garantías individuales.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló cinco posibles riesgos de estas reformas, entre las que se encuentran la posibilidad de ampliar el arraigo para más delitos y abrir la posibilidad de validar pruebas ilícitas.

Además de eliminar figuras centrales para la justicia oral, como fusionar a los jueces de control con los que emiten las sentencias o ampliar el régimen de excepción en delincuencia organizada a otros delitos sin criterios acotados, lo cual permitiría llevar un proceso penal con menor cuidado de los DH.

Así como crear una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales, lo que puede amenazar la independencia judicial.

Por otro lado, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que, aun cuando la Fiscalía General de la República no ha cumplido su Ley Orgánica ni ha mostrado avances, pretende impulsar una contrarreforma penal que atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“El Fiscal ha declarado que la actual Ley Orgánica y el Sistema Penal Acusatorio mantienen estructuras obsoletas y que han resultado ineficientes, sin embargo, aún no contamos con el diagnóstico oficial de una ley con apenas un año de aplicación y nula evaluación”, alertaron organizaciones como Fundación para la Justicia.

[email protected]