Es necesario fortalecer institucionalmente a La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que continúe con las acciones necesarias de investigación y persecución de los delitos de su competencia, alertaron legisladores del Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el senador adherido al grupo parlamentario del Partido de Trabajo (PT), Miguel Barbosa Huerta, expuso que a la Fepade le hace falta mucho desarrollo institucional, en particular, sobre desarrollo estacional y competencia, pues no tiene presupuesto ni policía.

La noche del lunes, el titular de esta fiscalía, Santiago Nieto Castillo, reconoció ante asambleístas de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 la necesidad de actualizar el marco normativo y estructural de la Fepade de cara a los procesos del año 2018.

Ello, toda vez que con 100 ministerios públicos no se pueden investigar todos los delitos electorales que se cometen en el país . Asimismo, destacó que con 0.7 % del presupuesto de los órganos electorales federales, hemos hecho mucho con el presupuesto que se tiene y por lo menos creo que se ha visibilizado la institución .

Pormenorizó que hoy día la Fepade, nacida en 1994, tiene 1,600 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en el país. Estamos cumplimentando semanalmente, y semanalmente se nos están liberando nuevas órdenes de aprehensión. Básicamente, compra de votos, turismo electoral, pero también algunas, ya muchas, cada vez más, relacionadas con servidores públicos, dijo .

Señaló también que es necesaria una reflexión desde el Congreso respecto a que los delitos electorales no son graves, no está contemplado así en la Constitución, no está contemplado así en la ley y este es un tema prioritario, porque tiene consecuencias procesales relevantes .

Cabe recordar que en los próximos comicios se renovarán tres gubernaturas, 270 alcaldías y 55 diputaciones.

A través del acuerdo, los diputados y senadores reconocieron la importancia de que los gobiernos estatales y las fiscalías generales de justicia locales fortalezcan y doten de los recursos humanos y materiales a las fiscalías especializadas para la atención de delitos electorales, a fin de que estén en la posibilidad de perseguir e investigar las conductas relacionadas con presuntos hechos delictivos en materia electoral.