Para la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmó Arely Gómez González, su titular, la investigación administrativa sobre el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, es un “caso cerrado”.

Resultado de la indagatoria, informó, ocho servidores públicos —siete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)— fueron inhabilitados, algunos hasta por 10 años.

La secretaria de Estado aseguró que la dependencia a su cargo ya “sancionó” tras la realización de una investigación “verdaderamente integral”, aunque reconoció que la indagatoria no incluyó a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Entrevistada en el Senado tras asistir a la instalación de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, insistió una y otra vez,  que la SFP hizo desde el 12 de julio del año pasado, día que se abrió el socavón, y durante los próximos tres meses “una investigación exhaustiva, amplia, coordinada, no fragmentada, donde intervinieron todos los órganos internos de control que tenían algún tema que atender, como fue el órgano interno de control de Banobras, SCT y Conagua”.

Al mismo tiempo, abundó, la SFP practicó una auditoría por el caso y se determinaron 22 cédulas de observaciones, dando oportunidad a la SCT de comprobar, “comprobó algunas cosas, otras no y se le sancionó”.

“Que quede claro: la Secretaría de la Función Pública sanciona administrativamente, responsabilidades administrativas. Nosotros no vemos temas penales”.

La investigación no llegó hasta Ruiz Esparza, afirmó, sólo hasta el director del centro SCT, que es “un nivel alto, muy alto”.