Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron al presidente Enrique Peña Nieto acatar el fallo judicial que ordena crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, así como la reposición del procedimiento.

“Señor presidente, le pedimos, le exigimos a usted que acate la resolución del poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones del poder Judicial iban a ser cumplidas”, dijo Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández.

Con relación al informe que presentó el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mario Patrón, director del Centro Prodh, señaló que el documento es “devastador” ya que señala que la investigación ha tenido un sesgo desde la presentación “de la mal llamada verdad histórica”.

“El GIEI fue muy claro y dejó una línea de investigación relacionada con autoridades municipales, estatales e incluso federales, lo que nos dice la Comisión Interamericana es que no hay avances en ese supuesto, pero además nos dice que el basurero (de Cocula) hay que sepultarlo y que espera el compromiso del Estado mexicano para cumplir a cabalidad la sentencia emitida por los magistrados”, refirió.

Patrón indicó que la orden de los magistrados se implementará en parte por el ganador de las elecciones del 1 de julio, por lo que llamó a los candidatos presidenciales a que expresen su opinión y voluntad política sobre el cumplimiento de la sentencia.

“Hemos visto con simpatía expresiones de dos de los candidatos, particularmente Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, que se han manifestado expresamente por (la creación de) comisiones”, dijo.

Consideró que es preocupante la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) al asegurar que “no comparten el criterio”, cuando ésta debería ser sobre si cumplirán o no la resolución judicial.

Puntualizó que al ser una sentencia “inatacable”, de no cumplirse podrían configurarse delitos relacionados con el desacato judicial y contra la administración de la justicia.

“No estamos sólo frente a un conjunto de recomendaciones de organismos internacionales, sino frente a una sentencia ya firme alrededor del caso”, expuso.

Humberto Guerrero, de Fundar, explicó que la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia no le resta facultades de indagación al Ministerio Público, sino que le establece contrapesos a la PGR luego que los magistrados determinaron la existencia de “un conflicto de interés en el caso”.

Los padres señalaron que, de comprobarse la tortura a la que fueron sometidos los detenidos para confesar el crimen, será la PGR la responsable al incurrir en estas irregularidades, ya que además de afectar a los que directamente sufrieron los maltratos, las víctimas se verán impedidas para acceder a la verdad.

Ofrecimiento de la CEAV

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) comunicó que seguirá ofreciendo apoyo a las familias de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, además de apegarse a las recomendaciones hechas en el informe más reciente del Mecanismo de Seguimiento del caso presentado por la CIDH.

“La CEAV manifiesta que atenderá las recomendaciones del Mecanismo Especial respecto de continuar garantizando todo el apoyo requerido a Édgar Vargas y a Aldo Gutiérrez. Asimismo, la CIDH espera que las partes se reúnan lo más pronto posible para llegar a un acuerdo en la implementación de las recomendaciones del informe ‘Yo sólo quería que amaneciera: Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa’”, informó la instancia de apoyo a víctimas mediante un comunicado.

Asimismo, la CEAV indicó que, a petición de los familiares de uno de los normalistas desaparecidos, se trabaja en un plan de reparación integral del daño para las mismas, al tiempo que enfatizó que buscará que la atención a las familias de las víctimas sea de manera personalizada.

“La CEAV se compromete a continuar trabajando de la mano de las víctimas, organizaciones y sociedad en general, para que toda acción que se implemente se haga mediante una coordinación efectiva que incorpore un enfoque diferencial y especializado, y sea continua y consistente con el fin de evitar la revictimización”, concluyó la instancia.

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