A un año del sismo de 7.1 grados que sacudió la Ciudad de México, la comunidad otomí que habita dos predios, que resultaron dañados, en proceso de expropiación en la delegación Cuauhtémoc se encuentran en el olvido y en el limbo jurídico.

Ubicados en dos zonas de alta plusvalía, las colonias Roma y Juárez, los indígenas continúan habitando dos campamentos instalados afuera de los inmuebles, sin que a la fecha las autoridades den respuesta a sus demandas o brinden algún tipo de ayuda.

En Roma 18, en lo que fue la embajada de España en la época de Franco, al menos 60 familias otomíes “sobreviven” desde hace más de 10 años en un inmueble derruido por el tiempo y a punto del colapso tras el sismo. Bajo lonas desgastadas y rotas por el clima e improvisados cuartos construidos con madera reclaman atención de las autoridades.

Esteban Pablino Rafael, de 54 años y vendedor de manzanas con chamoy, explica que entre las múltiples carencias está el agua potable. Cada 15 días rellena 40 garrafones de 20 litros en un parque cercano, donde hay una llave pública. “Baño no hay, ni siquiera letrinas”.

Luego de más de 10 años de habitar el edificio con siete de sus 11 familiares, indica que no piensan abandonar el inmueble a pesar del riesgo que implica permanecer en sus inmediaciones. Un edificio en el que en el segundo piso viven cinco familias a pesar de estar catalogado como de “alto riesgo”. Ya tenemos mucho tiempo aquí, cuenta, no nos vamos a ir. “Queremos que derrumben, pero en este predio nos quedamos”.

Problemática similar se vive en Guanajuato 200, donde 15 familias viven sobre la banqueta desde el 19 de septiembre del año pasado. Aunque los daños en el edificio son evidentes, a la fecha carecen de un dictamen que dé cuenta de las afectaciones que sufrió tras el sismo.

La situación se agrava cuando en el predio de junto inicia la construcción de un edificio que hace cimbrar la tierra y que ya provocó la caída de una barda. “No ha pasado nada, ni ayuda ni nada. Necesitamos lonas y casas de campaña”, narra Susana Domínguez, originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

“Si de por sí ya todo está muy débil, pues ahora con esto de la construcción lo que quedó se está cayendo”, dice mientras desde el segundo piso del edificio observa los trabajos de la obra.

Diego García, integrante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, quien da acompañamiento jurídico a los otomíes en la Ciudad de México, menciona que los predios al estar cotizados en dólares, la especulación y su valor han empujado a las inmobiliarias a intentar apropiárselos asegurando ser los legítimos dueños, condición que no han podido demostrar en tribunales.

“El caso de Roma 18 es el peor caso que tenemos porque (las autoridades) ya nos dijeron que el antecedente registral, folio real o el certificado de libertad de gravamen son documentos que están bajo resguardo por interés del gobierno”, explica.

Detalla que ambos predios están dados de alta ante el Invi para incluirlos en el programa de expropiación, “pero obviamente nos está costando acercarnos a documentos que acrediten el antecedente registral porque hay un problema con las dependencias de gobierno”.

García expone que los indígenas tienen más de 10 años en posesión de ambos inmuebles, por lo que ya tienen derecho a que se expropie a su favor y se les reconozca como legítimos dueños.

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