Decenas de colectivos, organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres, urgieron al gobierno de México a garantizar a cabalidad los derechos de las mexicanas y cumplir con las recomendaciones del CEDAW de la ONU.

En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los colectivos señalaron que en México, pese a las recomendaciones internacionales, las políticas públicas y acciones para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, aún quedan pendientes en la materia.

Ello al recordar que tras la evaluación al Estado mexicano realizada en julio de 2018 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la ONU, este organismos manifestó su preocupación por las “disposiciones de las leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida”.

Por lo que recomendó a nuestro país a derogar “todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y las niñas, y armonice las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación y violencia contra las mujeres”.

Asimismo, recomendó que “ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto”.

Las organizaciones también alertaron que debido al contexto critico de violencia generalizada, específicamente de violencia sexual, “urge la despenalización del aborto para el verdadero y completo acceso a la salud de las mujeres”.

Ya que, de acuerdo a cifras oficiales, de enero de 2019 a agosto de 2020 se presentaron un total de 88,906, denuncias por delitos sexuales y de manera desagregada el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en el mismo periodo se registraron 21,772 denuncias de violación sexual; 38,339 denuncias por abuso sexual; y 1,149 denuncias por aborto.

Por lo anterior, Católicas por el Derecho a Decidir A.C; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C./MEXFAM; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre otras decenas de organizaciones manifestaron su preocupación por la ausencia de políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres, al tiempo en que llamaron a las autoridades de México a modificar las legislaciones contrarias al derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Evitando que las modificaciones a las legislaciones y normativa sean regresivas”. Además de garantizar la aplicación de la Norma-046 sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres; capacitar adecuadamente al personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, incluida la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Eviten que la objeción de conciencia ponga en riesgo la vida y salud de las mujeres, niñas y adolescentes que requieran la ILE luego de haber sido objeto de violencia sexual y que la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes; la educación sexual integral y la disponibilidad de métodos anticonceptivos, entre otras tareas, siguen siendo un reto y obligación del Estado.

Así como poner fin a la discriminación contra todas las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente en las zonas rurales de México.

“Por ello no cesaremos hasta que nuestros derechos sean cabalmente ejercidos y garantizados. Los Derechos Sexuales y Reproductivos siguen siendo un pendiente con las mujeres en México y continuaremos trabajando a favor del aborto legal y seguro ¡Hasta que sea ley!”, enfatizaron.

Finalmente, dijeron estar atentas a las resolución de un amparo sobre el aborto en Veracruz, en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual podría resolver sobre el deber de cumplimiento de las autoridades sobre obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificando, como lo viene sosteniendo en su jurisprudencia, el derecho a abortar de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

“Es decir, que la SCJN tiene en sus manos la posibilidad de ratificar que todos los poderes del Estado deben cumplir con lo que establecen la CEDAW y la Convención de Belém do Pará y particularmente llamar a que el poder legislativo cumpla con su obligación constitucional de modificar las leyes que no son respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y de sancionar nuevas legislaciones que sí respeten el bloque de convencionalidad”, explicaron.