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Ordenan dar a conocer directorio de funcionarios de penales federales
El pleno de la SCJN confirmó la resolución del pleno del Inai por la que ordenó al OADPRS entregar la información consistente en los nombres, cargos, teléfonos, extensiones y correos electrónicos institucionales de su personal administrativo, incluida la del comisionado Hazael Ruiz Ortega, su titular.
Foto: Reuters
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la resolución del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por la que ordenó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entregar la información consistente en los nombres, cargos, teléfonos, extensiones y correos electrónicos institucionales de su personal administrativo, incluida la del comisionado Hazael Ruiz Ortega, su titular.
Al resolver el recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, en contra de la resolución dictada el 20 de septiembre del 2023 por el Inai en el recurso de revisión RRA 6339/22-BIS, el máximo tribunal constitucional del país determinó que el recurso es infundado por lo que confirmó la resolución del ente autónomo.
Luis María Aguilar Morales, ponente, propuso declarar infundado el agravio relacionado con la información del titular de la Dirección General de Administración y del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, personal de ambas áreas, así como del personal adscrito al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, porque las atribuciones de estas áreas del órgano desconcentrado no llevan a cabo funciones que puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Ello, debido a que entre sus funciones y atribuciones no se encuentra alguna relacionada directamente con el funcionamiento de los centros penitenciarios federales porque sus facultades tienden, en su mayoría y por lo general, a aspectos meramente administrativos, tales como contratos, normativas internas, temas del personal, programas de capacitación, entre otros; así como de asesoría legal.
La información del titular de la Unidad de Transparencia y del titular del Área Coordinadora de Archivos, agregó, tampoco guardan relación alguna con la seguridad o gobernabilidad de los centros penitenciarios.
