Oficialismo envía a comisiones reforma sobre Ejército en calles

A mano alzada y tras un largo debate sobre el procedimiento legislativo a seguir, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó suspender la discusión del dictamen por el que se reforma la Constitución para prorrogar hasta el 2028 la participación de las Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, y devolverlo a comisiones para su revisión.

En votación económica, es decir a mano alzada, la decisión se tomó a partir de la solicitud expresa que, por escrito y firmada por la mayoría de integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda que aprobaron el dictamen el pasado lunes, fue presentada ante la Mesa Directiva.

Tres horas después de iniciado el debate, a voz en cuello, los senadores en su mayoría del PAN y MC demandaron no aplazar la votación del dictamen.

“Votación, votación…” y “a votar, a votar”, gritaron.

Pero fue evidente que la mayoría de senadores de Morena, PT, PVEM y PES se impuso con su voto a la oposición, integrada por los del PAN, PRI, MC, PRD y senadores sin partido que pretendieron evitar que el dictamen regresara a comisiones para una nueva revisión, seguros de que si se votaba en el instante no se aprobaría al no alcanzarse la votación requerida de dos terceras partes de los senadores presentes.

A la sesión asistieron 127 de los 128 integrantes de la Cámara alta; solamente faltó Indira Rosales (PAN), justo de quien se rumoró la víspera que no asistiría como parte de una acción deliberada para apoyar la aprobación de la reforma.

“La información que tengo es que se puso mal su hija y se tuvo que ir a Veracruz”, respondió Julen Rementería, coordinador de los senadores panistas, a la pregunta de por qué faltó su correligionaria.

Ya fuera para aprobar o frenar la reforma constitucional en ciernes, era indispensable la asistencia de todos los senadores.

Ello debido a que por tratarse de una enmienda a la Carta Magna su aprobación requería del voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

Ante la presencia de 126 senadores, se necesitaban 85 votos para aprobar el decreto.

Morena y aliados solamente sumaban 75 votos, y aunque corrió la versión de que algunos priistas ya habían sido convencidos de votar a favor, lo que aseguraba la aprobación, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) y coordinador de los senadores morenistas, optó por respaldar la propuesta de esperar y regresar el dictamen a comisiones.

El Reglamento del Senado prevé que los decretos sólo pueden ser devueltos a comisiones para su revisión una sola vez.

La oposición argumentó que Morena y aliados decidieron, de última hora, no someter el dictamen a votación porque calcularon que no les alcanzarían los votos para su aprobación.

Compra de votos

Desde la tribuna, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza denunció intento de compra de votos de senadores, pero no dio un solo nombre.

“El aparato político y de justicia de este gobierno se está convirtiendo cada vez más en un aparato de extorsión y chantaje; en un aparato de compra y coacción.

“Es inaceptable que este gobierno que dice ser diferente recurra a las más viejas prácticas donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto; el subsecretario César Yáñez y sus personeros, personalmente les hablan a los gobernadores, a los senadores, para ver, con la pregunta: ‘¿qué quieres para votar a favor?’

“Eso es una vileza de la política. Eso es una derrota ética”, afirmó.

Suspendido el debate en el pleno, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) convino en entrevista que haber regresado el dictamen a comisiones fue lo mejor para intentar modificarlo.

La propuesta de su partido, que no fue aceptada durante la negociación correspondiente, consistía en no moverle ni una coma respecto de lo aprobado por la Cámara de Diputados, pero incluir una nueva redacción del sexto transitorio para que el Congreso de la Unión tuviera mayores facultades de evaluación de la Guardia Nacional.

rolando.ramos@eleconomista.mx