Históricamente, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han atendido problemas sociales con resultados eficaces. El impacto de sus actividades las posiciona como actores clave en el desarrollo de estrategias efectivas para la reducción de desigualdad.

En las acciones coordinadas para cumplir con la Agenda 2030, el compromiso por una educación de calidad es una muestra del potencial de las OSC que procuran el desarrollo inclusivo para realizar trabajos en favor de un mundo más igualitario.

A saber, ofrecen servicios educativos; capacitan a profesores, padres y alumnos en diversos temas como derechos humanos; desarrollan materiales didácticos en lenguas indígenas o facilitan las gestiones para la construcción de espacios adecuados para estudiar, entre otras cosas. De esta forma, las OSC cubren vacíos de la oferta educativa, inciden en las condiciones que limitan su acceso y generan capacidades para que la población en estado de vulnerabilidad rompa las barreras del rezago.

Entonces, la educación es un área de acción de las OSC, pero también es un recurso clave para que continúen con su labor y participen en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En estas tareas enfrentan diversos retos, entre los que sobresalen dos.

El primero consiste en ampliar las expectativas sobre la educación, sus beneficiarios y su alcance, es decir, se necesita ver a la educación más allá del acceso de infantes y jóvenes a niveles básicos de preparación, así como idear estrategias de mayor impacto en términos de su calidad. En este sentido, es necesario desarrollar capacidades en tomadores de decisión e implementadores de intervenciones sociales (gubernamentales y no gubernamentales).

Es pertinente hacerlo, porque las OSC atienden poblaciones en condiciones de carencia o vulnerabilidad, formulan proyectos, distribuyen bienes y servicios básicos e interactúan con diversas áreas gubernamentales, además de que participan en diversas etapas de las políticas públicas, así como en los programas y obras públicas. 

Un segundo reto consiste en establecer sinergias fructíferas entre actores gubernamentales y OSC, ya que la agenda educativa es transversal con políticas públicas que inciden en áreas muy heterogéneas, por ejemplo cívicas, medioambientales, de impartición de justicia, de derechos sexuales y reproductivos. Es pertinente hacerlo porque las OSC poseen experiencia y conocimientos en el tratamiento de problemas sociales, además de que interactúan con las poblaciones afectadas, mientras que los actores gubernamentales delimitan el marco de acción de las OSC al normar sus características organizacionales, definir las medidas fiscales a las que deben responder y establecer las condiciones para el uso de recursos. 

Los retos mencionados tienen oportunidades de ser salvados mediante el desarrollo de capacidades de las OSC y de los actores con quienes se relacionan, así como con el robustecimiento del marco normativo, organizacional y hacendario que rige su actividad, aspecto que vale la pena considerar a la luz de los siguientes datos.

La actividad de las OSC ha permitido general capital intelectual, social y económico en el país. Por tanto, no es de extrañar que en el 2016 representaban 3% del PIB del país, que generaron 1 millón 500,000 empleos y que sean considerados en programas gubernamentales como “Jóvenes Construyendo Futuro”, que cuenta con 44,000 millones de pesos.

Así, es preciso señalar que las OSC poseen una gran heterogeneidad asociativa que les permite realizar trabajos de alto impacto en términos de análisis, investigación, generación de capacidades y atención de diversas poblaciones en vulnerabilidad. Por tanto, su labor representa una oportunidad real para el desarrollo y bienestar. Son un área de innovación y funcionan como catalizador de intervenciones transformadoras como las contempladas en la Agenda 2030. 

Alicia Monserrath Islas Gurrola es profesora de la Universidad ORT México.