La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, de la bancada de Morena, presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, con el objetivo de establecer las medidas y condiciones necesarias de seguridad que salvaguarden el fomento del turismo del país.

El proyecto, que fue turnado a la Comisión de Turismo, pretende que la Secretaría de Gobernación, y a las dependencias de los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como a los municipios el desarrollar y efectuar anualmente programas, proyectos y mecanismos relativos a proporcionar las condiciones de seguridad para el fomento turístico.

Además propone que la Secretaría de Turismo vigilara en todo momento el cumplimiento de la realización y práctica de los programas, proyectos y mecanismos anuales de seguridad turística.

La iniciativa indica que los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos: Contar con espacios, zonas y rutas turísticas seguras y libres de actividades ilícitas que pongan en riesgo su integridad física, económica y moral.

"Del 2013 al 2016 la incidencia de incidencia de extranjeros disminuyó debido a la inseguridad, y a la creciente cifra de delitos. Los estados más afectados por la violencia son Oaxaca, Ciudad de México, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Nayarit”, dijo la legisladora Mardueño en sesión ordinaria. 

Por otro lado, la diputada del PRI María Lucero Saldaña Pérez presentó una iniciativa que reforma el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, para que el monto indemnizatorio deba resultar apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido.

“El monto indemnizatorio debe resultar apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, para su individualización, se observarán los siguientes elementos: a) El tipo de derecho o de interés lesionado; b) La magnitud y gravedad del daño; c) Las afectaciones inmateriales o incluso patrimoniales que derivaron del hecho victimizante; d) El nivel económico de la víctima; y f) Cualquier otro factor relevante”, indica la iniciativa. 

En tribuna, el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (PES) presentó una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política, con el objetivo de sancionar con prisión preventiva oficiosa la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial.

“El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”, indica. 

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