Los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014 y el gobierno federal aún no se ponen de acuerdo en la forma que realizarán el acompañamiento de las investigaciones los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A pesar de los avances presentados en la definición del mecanismo especial de seguimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, familiares de las víctimas informan sobre trabas en cinco de ocho puntos planteados en dicho esquema.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que luego de la reunión que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, tuvo con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y sus representantes, los últimos señalaron que las resistencias giran al mandato y estancia que tendría el instrumento.

Las familias solicitan que el equipo que opere el mecanismo de seguimiento, tenga -al menos- la facultad de visitar México sin la necesidad de avisarle al Estado. Asimismo sugieren cuatro estancias en el país entre agosto y marzo. En paralelo, las autoridades plantearon que los comisionados integrantes del mecanismo visiten el país dos veces durante octubre.

El subsecretario Campa, los familiares de los jóvenes familiares, así como sus representantes, acordaron reunirse nuevamente este viernes.

Investigación integral para caso Julio César Mondragón

Ante los resultados de los recientes estudios realizados al normalista de Ayotzinapa Julio César Mondragón, asesinado durante los hechos de los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, su familia mostró preocupación por la insuficiencia de la investigación que condujo la Procuraduría de Guerrero.

Por ello, les resulta fundamental que la Unidad de Investigación del caso Iguala de la PGR abra una línea de investigación que se enfoque en la investigación de los delitos cometidos contra Julio César.

Asimismo, luego del comunicado de la PGR donde señala que analizará las observaciones de la CNDH, en torno a las recomendaciones sobre el caso de Julio César; la familia insta a que el Ministerio Público Federal cumpla a cabalidad, para que el caso no quede en impunidad.

El caso de Julio César fue retomado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desde su primer informe recomendó la exhumación debido al retraso pericial.

El GIEI señaló en su segundo informe que la fragmentación de las investigaciones y la demora de los análisis, luego de la exhumación, causaron una revictimización innecesaria a la familia.