Pese a que urge su aprobación para atender la demanda de seguridad pública, la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para replantear el modelo de combate al problema de la inseguridad en México la prioridad a resolver, de acuerdo con los propios ciudadanos sigue atorada en el Congreso de la Unión.

Modificada a fondo por la Cámara de Senadores respecto del planteamiento original, que sugería facultar a los gobernadores de los estados para asumir temporalmente el mando de las instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público (Mando Único Policial estatal), la iniciativa de cambios a siete artículos de la Constitución fue aprobada por la Cámara de origen el pasado 17 de junio y remitido el decreto correspondiente a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.

El próximo 2 de diciembre se cumplirán dos años de que Peña Nieto presentó su proyecto al Congreso, vía la Cámara Alta.

Cuando finalmente las dos Cámaras legislativas avalen los cambios constitucionales, éstos deberán ser ratificados por al menos 16 congresos estatales para poder entrar en vigor.

Será hasta entonces cuando empezará a correr el plazo legal de un año más para la expedición de la ley general en materia de seguridad pública, reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución.

Cabe anticipar, por ello, que llevará tiempo replantear el modelo de combate al problema de la inseguridad, como sugirió el mandatario mexicano desde diciembre del 2014.

Los cambios introducidos por los senadores prevén que la ley general en la materia habrá de establecer las formas y modalidades de coordinación, colaboración y cooperación para el ejercicio de la función policial en las zonas metropolitanas y áreas conurbadas, entre la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales.

Además, que la actuación de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se fijará con base en los criterios de coordinación que establezca la ley referida.

A través también de la nueva ley de seguridad pública se precisarán los casos de excepción en que las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y en que las municipales lo harán bajo el mando de las estatales o federales, a fin de asegurar la eficacia de la función policial y los fines de la seguridad pública .

En eso consiste el llamado Mando Mixto Policial acordado por los senadores, a partir de la propuesta presidencial, que los diputados federales podrán ratificar o modificar aún.

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