Bajo la advertencia sobre posibles regresiones en materia de atención a víctimas, búsqueda de personas y en general en la investigación y persecución de los delitos, este lunes se llevó a cabo, sin la participación del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el primer día de Parlamento Abierto sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República.

En dicho encuentro, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, como México Evalúa, Fundar, Impunidad Cero, el Observatorio Nacional Ciudadano, representantes de colectivos de búsqueda de personas y la ONU-DH, entre una decena más, expresaron sus preocupaciones entorno a que las modificaciones a la FGR representan retroceso en los derechos que se les debe reconocer a las víctimas, como la facilidad de otorgar expedientes o, incluso, se acusó que se pretende implementar cambios “a modo”  para limitar más los derechos de las víctimas. 

Asimismo, entre los reclamos se precisó la propuesta de desvincular a las fiscalías especializadas en desaparición de personas de la FGR, ya que indicaron que desaparecería la obligación de apoyar a los colectivos en las búsquedas de personas. 

También se subrayó que las modificación planteadas por Gertz Manero establecerían una estructura más burocrática parecida a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), aunado a que los cambios no permitirían la participación de profesionales para atender los fenómenos delictivos, mientras que la reinclusión de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la estructura de la FGR implica un regresión al modelo transversal que se estableció en la ley vigente, entre otras observaciones.

Sin embargo, pese a que los integrantes de las organización y expertos criticaron la ausencia del fiscal general, Gertz Manero si se reunió, horas antes y de manera privada, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para analizar el decreto que expide la Ley de la FGR.

maritza.perez@eleconomista.mx