Leyes, con candados vs la corrupción

El mejor trabajo que puede hacer un Congreso comprometido con el control efectivo de la corrupción es asegurar que cada vez que apruebe una ley revise los riesgos de corrupción que ésta genera, recomendó Eduardo Bohórquez.

Esos riesgos, dijo el director de Transparencia Mexicana durante el foro titulado Temas de la agenda legislativa en materia anticorrupción, organizado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores, deben plasmarse en el dictamen correspondiente y proponerse las medidas de mitigación o adaptación para que no generen problemas que después de ninguna forma otra institución va a poder resolver, por competente que sea, llámese Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, Secretaría de la Función Pública o Auditoría Superior de la Federación.

Bohórquez estableció: “Si desde el momento en que creamos las leyes no cuidamos que no tengan efectos de corrupción y dispositivos anticorrupción, no estaremos cumpliendo el mandato popular que se le ha dado a esta legislatura”.

Desde su punto de vista, el trabajo legislativo actual debe tener un enfoque anticorrupción, debido a que cada instrumento legal que produzca el Congreso puede generar problemas en la materia.

“Hay artículos que vienen diseñados por grupos de interés. Que se mandan redactados para entrar, por ejemplo, en el tema de aviación o en sectores económicos específicos como farmacéutica”.

Explicó que un sistema contra la corrupción es un conjunto de políticas, disposiciones, mecanismos y herramientas que tiene que producir algo.

“Si se pierde de vista qué tienen que producir los sistemas anticorrupción, nos vamos a quedar en la discusión de las instituciones que tienen que conformarlo”, expresó.

Si lo que se quiere, dijo Bohórquez, es un sistema anticorrupción con expresidentes detenidos y bajo proceso, lo que se debe tener es una Fiscalía General de la República muy fuerte que tenga independencia política para ir contra quien sea, sin importar el partido político que represente.

“Sobre todo se tiene que debilitar a las redes de corrupción política que permiten esas redes de corrupción”.

El segundo objetivo de un sistema efectivo es recuperar los activos desviados a las arcas de la nación y volverlos a poner en la caja fuerte, precisó, porque de lo contrario “no sirve”, y el tercero, reparar el daño a las víctimas que muchas veces son todos los ciudadanos.

Las reformas que urgen e importan, finalizó, son las que tienen que ver con el rastreo del dinero.

Por su parte, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que nuestro país tiene un marco constitucional renovado en la materia, sin embargo, no terminó de funcionar en la legislatura pasada.

“Por lo mismo, todavía no conocemos su potencialidad y sus capacidades reales”, dijo.

Manifestó necesario debatir sobre las leyes secundarias, en particular, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Además de que se requiere una revisión porque es el instrumento jurídico fundamental con que cuentan las instancias que integran al Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública para realizar su labor.

A la inauguración del foro también asistieron Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio de Corrupción e Impunidad de la UNAM, e Issa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Durante el foro participaron representantes del Colegio de Especialistas de los Servidores Públicos, el Tecnológico de Monterrey e ITAM, entre otros.