Un país con delitos de alto impacto históricos desde 1997, por ejemplo, una tasa de 20 asesinatos por cada 100,000 habitantes, la segunda más alta de América Latina. También, una víctima de secuestro cada cinco horas y una de extorsión cada 85 minutos, en promedio; sumados a 37,000 personas no localizadas y 1,500 fosas clandestinas. Así recibirá Andrés Manuel López Obrador el gobierno federal.

Se trata de un diagnóstico grave que, no obstante, ha sido admitido por Obrador, quien también ha reconocido que la situación es peor de lo que imaginó en la campaña.

“¿Cuál es la realidad? Que es muy grave, es gravísima la situación de inseguridad y de violencia. Sí, muy descompuesto el país, ocho homicidios diarios, robos, secuestros, la gente está en estado de indefensión”, reconoció López Obrador el 20 de noviembre.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, añadió: “Como lo señala la mayor parte de las encuestas: corrupción e inseguridad son los temas que más han dañado la credibilidad del gobierno saliente, y en muchos sentidos es la razón detrás de la alternancia”.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, indicó que López Obrador “recibe un país con los más altos índices de homicidios que hemos tenido en la historia de México. Si nos vamos al tema de homicidio, subió 26.6%, la extorsión también subió 14%, el robo de vehículo con violencia subió 12.6 por ciento. El robo con violencia es el único que bajó -6%, estas cifras son las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tomando en cuenta de diciembre del 2012 a octubre del 2018”.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, hay 651 municipios en el país (26%) que carecen por completo de una fuerza policial propia y en 1,400 (57%) cuentan con menos de 50 policías cada uno.

“En México (enero-septiembre del 2018), 93 personas mueren asesinadas cada día; la tasa de homicidios está entre las más altas de América Latina: 20.36 asesinatos por cada 100,000 habitantes”, refiere la organización civil en su reporte más reciente, con base en el Secretariado.

“En México cada cinco horas y 17 minutos se registró, en promedio, una víctima de secuestro en septiembre del 2018”, expone la ONG.

En cuanto al delito de extorsión, indica que tan sólo en septiembre del 2018, las víctimas ascendieron a 498, siendo la sexta cifra más alta de los últimos 12 meses, y en cuanto a carpetas de investigación (488), es la décima cifra más alta de los últimos cuatro años. “En promedio, cada 86 minutos y 45 segundos se registró una víctima de extorsión en México durante septiembre del 2018”, resume.

Respecto del robo con violencia, cada dos minutos y tres segundos, en promedio, en el país se reportó una carpeta de investigación; mientras que por robo de vehículo se apertura una cada dos minutos y 49 segundos.

En tanto, la encuesta Seguridad y Participación Ciudadana 2018, elaborada por el Centro de Estudios sobre Opinión Pública, refiere que para los mexicanos el delito que a su percepción se comete con mayor frecuencia en el lugar donde vive es el robo, con 64.3%; seguido del narcotráfico, con 17.3%; el secuestro, con 6.7%; la extorsión, con 4.3%, y la violación, con 1 por ciento.

El estudio refleja que 53.6% de la población manifiesta que en los últimos tres meses alguna persona cercana o familiar ha sido víctima de algún delito.

Desde la perspectiva de los encuestados, las principales causas que generan delincuencia son: desempleo (62.0%), falta de educación (44.2%), desintegración familiar (43.6%), consumo de drogas (40.2%), pobreza y marginación (36.7%), falta de vigilancia policial (36.0%), entre otras.

En tanto, sobre las opciones que tiene el gobierno federal para acabar con la inseguridad, 62.8% de los entrevistados se expresó en contra de la legalización de las drogas y 28.3% en favor. Por otro lado, 77.8% no está de acuerdo en que el gobierno le otorgue amnistía a los grupos criminales y 12.6% sí está de acuerdo.

En su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, López Obrador propone combatir los delitos creando oportunidades de empleo y educación, llevar a cabo negociaciones con infractores para su entrega, desarme y amnistía, y la posible renuncia del Estado a perseguir el consumo de drogas e incluso despenalizarlo.

Y como principal elemento: crear una Guardia Nacional con mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Corrupción no resuelta frente a la amnistía política

“Se va a acabar la corrupción, me canso ganso; empezando por el presidente que va a poner el ejemplo”, ha dicho Andrés Manuel López Obrador, quien, no obstante, también ha ofrecido amnistía política y perdón ante ilícitos cometidos en el pasado por parte de funcionarios.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, nuestro país se encuentra dentro del grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento de la Convención de la OCDE contra el cohecho internacional. Nuestro país ratificó esta convención en 1999 y hasta la fecha no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando este instrumento jurídico.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, y la directora de Causa en Común, María Elena Morera, coincidieron en que el próximo presidente de la República no puede decidir a quién perdonar judicialmente y a quién no, dentro de los escándalos de corrupción ocurridos en el actual y anteriores sexenios, debido a que se trata de casos en curso, que deben ser enjuiciados y eventualmente sancionados por ministerios públicos y jueces.

Pusieron como ejemplo casos visibles que no han merecido una sentencia firme como Odebrecht, la Estafa Maestra, así como los casos de presuntos desvíos de recursos por parte de los exgobernadores Javier Duarte, César Duarte, Guillermo Padrés, Rodrigo Medina y Roberto Borge.

“El gobierno entrante recibirá una larga lista de casos pendientes: Odebrecht-Braskem, Ángel Aguirre en Guerrero, Medina en Nuevo León, Padrés en Sonora, Duarte en Chihuahua, Borge en Quintana Roo o casos como el que involucra a Cemex en Colombia”, dijo Bohórquez.

Por ello, en coincidencia con María Elena Morena, consideró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “recibe el reto de terminar el andamiaje institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, pero, sobre todo, el de construir una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente, como pilar de la lucha anticorrupción.

“Recibe un país con caídas recurrentes y sistemáticas en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y una terrible reputación internacional por el manejo del caso Odebrecht”, añadió.

Por su parte, Morera consideró: “Yo creo que el presidente electo está dejando una puerta abierta cuando dice: lo que ya está en curso que siga su curso. Me parece que hay muchas cosas que se deben perseguir”.

Recomendaciones internacionales

  • La organización Transparencia Internacional emitió para México siete recomendaciones, entre ellas, reformar el artículo 102 de la Constitución para asegurar que la Fiscalía General sea independiente del Poder Ejecutivo.
  • Completar el nombramiento del fiscal especial anticorrupción y los jueces anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; asegurarse de que el Sistema Nacional Anticorrupción sea implementado a nivel estatal, e introducir mecanismos para garantizar que el Poder Judicial opere libre de motivos políticos.
  • Asimismo, proporcionar más recursos y capacitación a la policía para investigar casos de corrupción, y asegurar que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Investigación Financiera comiencen a desempeñar un papel activo en casos de corrupción, tanto en México como en el extranjero.
  • Finalmente, publicar más información sobre casos relacionados con la corrupción e investigaciones en el portal de datos abiertos del gobierno.

jmonroy@eleconomista.com.mx