Las fosas de Tetelcingo son una manifestación de la descomposición en la que nos encontramos como sociedad y de la colusión de algunas instancias encargadas de la procuración de justicia con la delincuencia y el crimen organizado, denunció el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez.

Abundó en que el contexto de las fosas de Tetelcingo es desolador . De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cuatro años, los índices de criminalidad del país ubican al estado de Morelos entre los cinco primeros lugares.

Al retomar cifras oficiales, el rector indicó que el periodo de gobierno de Marco Antonio Adame Castillo (octubre 2006-septiembre 2012) registró 5,745 homicidios, 156 secuestros y 2,086 violaciones.

En tanto, en lo que va del gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (octubre 2012-abril 2016), se registran 3,307 homicidios, 342 secuestros y 1,515 violaciones.

Vera Jiménez destacó que en materia de homicidios la variación entre los periodos de Adame Castillo y Ramírez Garrido es de -3.6% en el actual gobierno, sin considerar los crímenes que se encuentran ocultos en fosas clandestinas. En materia de secuestros, la variación es de 366.35% más en el actual gobierno, y en materia de violaciones es de 21.6% más en el actual gobierno.

Los semáforos de delictividad ubican a Morelos en el primer lugar, con cinco semáforos con señal roja en delitos de alto impacto. Según el Índice de Paz 2015, elaborado por el Instituto de Economía y Paz, Morelos ocupa el lugar 30 de 32, ya que se encuentra en el segundo lugar de violencia, en el tercero de homicidios y en el sexto de delincuencia.

Exigimos que se castigue a las autoridades responsables, por acción u omisión, de inhumaciones clandestinas de las víctimas de la violencia, y que nunca más una fiscalía vuelva a hacerlo , demandó.

El rector responsabilizó al gobierno y a la Fiscalía del Estado de Morelos de cualquier atentado en contra de los familiares de las víctimas, de sus abogados, de sus peritos, de los representantes de sus organizaciones, de los integrantes de la comunidad universitaria y de los especialistas que están trabajando en esta diligencia.

A su vez, reprobó las reformas constitucionales aprobadas por los diputados del Congreso de Morelos que cancelaron a conformación del Consejo de Participación Ciudadana, pues calificó esta acción como el cierre rotundo de los derechos adquiridos en materia de participación ciudadana.