El pleno de la Cámara de Diputados dejó para después de la Semana Santa la aprobación de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad privada.

De acuerdo con la enmienda al artículo 150, además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico, deberán obtener autorización previa de la Secretaría de Seguridad Pública federal cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas.

Y corresponderá a la autoridad administrativa local autorizar los permisos correspondientes cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad federativa.

La enmienda se fundamenta en la reforma constitucional del 2008, que estableció que el Sistema Nacional de Seguridad Pública integrado por la Federación, los estados y los municipios, garantizará una política coherente en la materia.

El decreto precisa que no debe confundirse una sana estratificación del poder con un sistema de fronteras que favorezcan la impunidad y la delincuencia.

La seguridad privada, según el punto de vista de los legisladores, se encuentra comprendida dentro de la seguridad pública, por lo que los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus atribuciones tienen la facultad para regular los servicios de seguridad privada que en ellos se presten.

La seguridad pública y privada son dos expresiones que se refieren a una misma actividad que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llevada a cabo mediante la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas, misma que no produce la delegación de la titularidad y ejercicio de la gestión de un servicio al ámbito privado, sino que se trata de un mecanismo de colaboración en el que las empresas de seguridad privada coadyuvan con el Estado, sin subsumirse en sus funciones , precisa el texto.

rramos@eleconomista.com.mx