El gobierno de nuestro país rechazó la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y actos de tortura durante su investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como lo documentó hoy en un informe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El informe del Alto Comisionado reveló el caso del presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, alías “El Chiquis”, quien falleció el 24 de octubre del 2014 durante un operativo de la Marina en Cuernavaca, Morelos.

Según el informe, mientras las autoridades de nuestro país informaron que el sujeto murió durante un enfrentamiento con los elementos de la Marina, esa persona en realidad falleció por ahogamiento (actos de tortura) cometidos por los elementos castrenses.

En su informe “Doble injusticia”, de 65 páginas, la Oficina del Alto Comisionado asegura que tras revisar el expediente del llamado Caso Iguala, y entrevistar a testigos y víctimas, se encontró un “patrón consistente de violaciones de derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme”.

Al respecto, en un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, rechazaron el contenido de dicho informe, pues consideraron que es omiso y muestra vacíos de información.

“El gobierno de la República reitera que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, hasta el total esclarecimiento de este caso, agotando todas las líneas de investigación que permitan conocer todo lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos, y sancionar a los responsables, conforme al marco jurídico mexicano y las obligaciones internacionales en la materia”, aseguraron.

El comunicado conjunto del gobierno de nuestro país calificó como preocupa que dicho informe “arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”.

Refirió que se practicó el Protocolo de Estambul a los detenidos por el Caso Iguala, y “no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”. Sin embargo, dijo que “existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales”.

Mencionó que previo a la presentación del informe, el gobierno mexicano compartió a la Oficina del Alto Comisionado consideraciones y puntualizaciones en relación con su metodología y los “vacíos de información” que contenía, “señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes”.

Ejemplificó que el Informe “omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”.

Añadió que el informe de la ONU en materia de derechos humanos se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades mexicanas.

“Como se informó a la CIDH, en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas. A ese respecto, se reitera una vez más el compromiso del gobierno de México de acordar con las víctimas planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes de las víctimas”, destacó.

jmonroy@eleconomista.com.mx