Mientras las autoridades no cuenten con capacidad para proteger a la ciudadanía de la inseguridad, el Ejército y la Marina deben continuar con el apoyo en las calles, demandó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, explicó que si el Ejército deja de actuar, sobre todo en los estados que son azotados por la delincuencia, se generarán vacíos que difícilmente podrán ser cubiertos.

Rechazamos que regresen a los cuarteles mientras nuestras autoridades no tengan las capacidades para cubrirlo, pero también instamos a que las autoridades locales actúen (...) generen los mandos policiacos y puedan entonces tener escenarios en donde se puedan retirar las fuerzas armadas , recalcó Castañón luego de reunirse en privado con los secretarios de Defensa y Marina.

En entrevista posterior, el líder empresarial se sumó a la demanda de las fuerzas armadas para que el Congreso apruebe la ley de seguridad interior, en la cual se defina lo que cada institución debe hacer en materia de seguridad.

No podemos dejar el peso de la responsabilidad sólo en el Ejército y la Marina, reconoció, por lo que exigió al gobierno federal a analizar, hacer los ajustes y mejoras necesarias para procurar la paz.

También, el CCE pidió un plan nacional para que las Fuerzas Armadas de manera ordenada regresen al trabajo que les corresponde.

Esto tiene que ser un gran acuerdo nacional, la decisión presupuestal, de acciones, de programas , abundó Castañón.

Reaccionan las ONG

Organismos argumentaron que con las iniciativas que se han planteado sobre la presencia militar se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad .

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos reconoce que es importante dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas. Ello debido a que estos cuerpos han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido hacer; esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica, plantean.

Sin embargo, indican que dicho marco jurídico no puede simplemente plantear que se normalice y haga permanente. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el Ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil.

El proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución (...) no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción , destacan las organizaciones defensoras.

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