La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 39/2017 al gobierno de Sinaloa, por la violación de los derechos fundamentales de 2,038 personas, víctimas de desplazamiento forzado por la violencia del crimen organizado.

Se trata de habitantes de los municipios de Leyva y Choix, quienes no fueron protegidos por las autoridades a pesar de que éstas tenían conocimiento de la situación, por lo que vulneraron sus derechos a la seguridad personal, acceso a la justicia, libertad de circulación y residencia.

El documento igualmente está dirigido a los presidentes municipales de ambos ayuntamientos y a la Fiscalía estatal.

“El 21 de mayo del 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a este organismo nacional, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias, integradas por 1,475 personas, que fueron desplazadas en el 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva, en tanto que el 9 de abril del 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix. “Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa”, detalló la CNDH.

Asimismo, la instancia federal señaló que aun sabiendo del desplazamiento forzado derivado de la violencia de grupos delincuenciales, las autoridades estatales y municipales fueron omisas en proteger a las más de 2,000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares por las amenazas de grupos criminales.

Particularmente se encontró que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del estado de Sinaloa fueron negligentes en la integración de tres averiguaciones previas, violando con ello el derecho a la adecuada procuración de justicia.

Mientras que autoridades estatales competentes de garantizar la asistencia humanitaria, fueron omisas de brindar a las víctimas alojamiento, alimentación, salud, educación y trabajo.

En este sentido, la CNDH recomendó el diseño de un programa de reparación integral colectiva que dé a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, el restablecimiento de sus medios de subsistencia, y atención médica y psicológica.

Además de realizar un censo que dé cuenta de los desplazados de ambos municipios de enero a mayo del 2012, así como en otros del estado de Sinaloa, además del reconocimiento de las autoridades estatales y municipales al trabajo de ambas defensoras de derechos humanos.

“Analizar la pertinencia de presentar ante el Congreso local una iniciativa de ley para la prevención del Desplazamiento Forzado Interno, el reconocimiento de los derechos de las personas desplazadas, las medidas de atención y protección que deben implementarse para salvaguardar sus derechos y las autoridades responsables de llevar a cabo dichas medidas”, refirió.

A la par de esto, la CNDH añadió que se debe informar a la Procuraduría Agraria sobre la desprotección y posibles afectaciones a las tierras ejidales o pequeñas propiedades, abandonadas por las personas desplazadas, para protegerles esos derechos.