Los grandes pendientes en el combate a la corrupción en México son el nombramiento del Fiscal Anticorrupción —pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción—, cargo que debe gozar de cabal independencia; la presión de la comunidad internacional sobre el Gobierno mexicano para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes nacionales contra la corrupción y los acuerdos internacionales vinculantes en la materia; y —sin duda lo más importante— la participación activa de la ciudadanía vigilando la acción de las autoridades en este sentido, fueron los puntos en los que coincidieron los ponentes del seminario "Lucha Contra la Corrupción durante el próximo Sexenio", organizado por las firmas LexisNexis Risk Solutions y Deloitte.

Entre los ponentes hubo quien cuestionó la necesidad de crear instituciones y leyes específicas, añadiendo que la clave para combatir al flagelo de la corrupción se reduce a tener voluntad de hacerlo más que el complejo entramado que significan el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Ley Anticorrupción.

“Odebrecht puede ser el caso inicial para la aplicación del SNA”

Fue Danilo Bruno, oficial de cumplimiento de la empresas brasileña de agroindustria y alimentos Bunge, el que resaltó con mayor vehemencia la importancia de la participación de la ciudadanía en impulsar el combate a la corrupción en sus gobiernos. Contó cómo las manifestaciones públicas de los brasileños en el 2013 derivaron en reformas a las leyes a fin de dotar a las autoridades judiciales de instrumentos de combate a la corrupción, que se emitieron en el 2014 y que tuvieron como resultado las investigaciones del Lava Jato —esquema de corrupción que involucró a la petrolera estatal Petrobras, empresarios y funcionarios— y el proceso contra la constructora Odebrecht, que develó la red de sobornos de la constructora en diez países de América Latina.

Bruno explicó que la presión de la ciudadanía brasileña “no amenazó el dinero, sino el poder de los políticos”, por lo que no se tuvieron más que integrar las reformas anticorrupción. Expuso que una figura clave de estas reformas fue la figura de la delación premiada, por la cual se pudieron obtener pruebas de los actos de corrupción en los casos tanto del Lava Jato como contra Marcelo Odebrecht, ex director de la constructora brasileña, al ofrecer reducción de sentencias a exejecutivos a cambio de sus testimonios y aporte de pruebas en las investigaciones.

Sobre las delaciones que apuntan a que Emilio Lozoya recibió 10.5 millones de dólares en sobornos en México para favorecer con contratos a la constructora brasileña, Bruno dijo que “Odebrecht puede ser el caso inicial para la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Acompañamiento internacional, clave en el combate a la corrupción

En el primer panel de especialistas, destacó la ponencia de Alejandro Ríos, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, que recomendó acudir a instancias internacionales para ejercer presión en el Estado mexicano para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción de forma efectiva. Agregó que entre los organismos con los cuales México ha suscrito convenios vinculantes —y en los cuales la ciudadanía puede buscar apoyo para impulsar la agenda anticorrupción— están la Organización de Estados Americano (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta idea tiene sustento en las experiencias internacionales de países que llevaban a cabo el combate a la corrupción, y que han resultado exitosas en la medida en que se apoyaron en el acompañamiento y vigilancia de organismos internacionales que sancionaron el cumplimiento de las acciones realizadas con este fin.

Por el aspecto comercial, Alejandro Ríos recomendó recurrir al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones financieras que cuentan con mecanismos y sanciones contra los actos de corrupción.

El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE), incluso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se encuentra en una fase de renegociación, pueden ser herramientas de presión al gobierno mexicano, al exigir la ciudadanía la inclusión de cláusulas anticorrupción.

Mecanismo de la corrupción en México

En una presentación conjunta, Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, y Max Kaiser, presidente del Comité Anticorrupción del Imco, detallaron el mecanismo de la corrupción en México, del que dijeron describe un movimiento circular, circuito que tiene inicio, fin y reinicio en las campañas y su financiamiento.

Es en las campañas donde comienzan las complicidades entre los grupos de poder político y los de los capitales, al establecer los compromisos entre unos y otros en el financiamiento ilegal de las campañas, explicaron Bohórquez y Kaiser. “No se invierte en el candidato o en el partido, sino en un grupo de poder” dijo Bohórquez.

Si el grupo de poder logra la victoria, haciéndose con la presidencia de la República y con escaños en el Poder Legislativo, buscará hacerse con el control del presupuesto, y, de esta forma, regresar la inversión con ganancias a los dueños de los capitales invertidos —a los que Bohórquez se refirió sarcásticamente como “inversionistas en democracia”— en la campaña que les llevó al poder. El regreso de la inversión a los grupos empresariales y empresarios se lleva a cabo, entre otras formas, con el otorgamiento de concesiones, permisos y adjudicaciones de servicios de proveeduría.

El círculo descrito vuelve al punto de inicio en el siguiente proceso electoral, cerrando e iniciando un nuevo ciclo. Así, cada elección presidencial significa el cambio de grupo de poder, así como el del grupo de empresas y empresarios beneficiados. Para combatir este mecanismo se entonces necesario interrumpir el circuito, dijeron los ponentes. Bohórquez y Kaiser presentaron cuatro puntos para lograrlo:

  • Reformar el financiamiento a los partidos, no cancelándolo, sino haciendo que éstos necesiten cada vez menos dinero.
  • Que los nombramientos de los titulares de las secretarías y organismos claves en el gasto público y la fiscalización de los recursos público (SHCP, SFP, ASF, SAT, entre otras) no dependan de un poder central —el presidente—, sino que se elijan a los idóneos para estas carteras por medio de mecanismos públicos y transparentes.
  • Discusión pública del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que los ciudadanos estén informados y puedan incidir en las decisiones del gasto público.
  • Contrataciones públicas con sistemas digitales de control y fiscalización.

“Hace falta voluntad”

José Quiñones, socio del despacho de abogados de guatemalteca Qil+4, explicó la experiencia de Guatemala en el combate a la corrupción. Una Comisión de las Naciones Unidas es la encargada del combate a la corrupción, coadyuvando al Ministerio Público en las investigaciones y procesos. Tomó al Poder Legislativo de Guatemala un periodo de tres años, de 2004 a 2007, el resolver la discusión de si la actuación esta instancia vulneraba o no la soberanía del país.

Quiñones dijo que Guatemala no cuenta con una Ley en la materia ni instituciones especializadas en el combate a la corrupción. En su lugar, sólo se añadieron y modificaron algunas leyes del Código Penal. Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción mexicano, y contrastándolo con la experiencia de su país, dijo que “no hace falta un andamiaje así” para el combate a la corrupción, y añadió que más bien “hace falta voluntad”.

APPs y corrupción

Tocó a la abogada especializada en arbitraje internacional Margarita Sánchez y socia de la firma de abogados Disan LLP, exponer cómo se puede combatir la corrupción en las Asociaciones Público-Privadas (APP), mecanismos cada vez más usados por los gobiernos de América Latina para impulsar proyectos de infraestructura y de servicios públicos.

Como en su momento lo hizo Alejandro Ríos, Sánchez expuso que uno de los instrumentos más eficaces para evitar la corrupción en este tipo de esquemas de inversión es buscar la participación de la banca de desarrollo internacional, como el BM o el BID, instituciones financieras que cuentan además de los programas de apoyo a los gobiernos para impulsar políticas públicas del combate contra la corrupción, con equipos de investigación especializados y sistemas de sanciones.

Si bien los procesos de estas instituciones son administrativos y no judiciales, pueden remitir sus investigaciones a las autoridades locales para perseguirlos penalmente en caso necesario. En lo que toca a las sanciones, la abogada dijo que tanto el BM como el BID, en caso de encontrar culpable a un participante en una APP de haber incurrido en un acto de corrupción, puede inhabilitarlo de por vida para participar en los proyectos en los que las instituciones tengan participación, pasando a una lista negra que se puede consultar en sus bases de datos.