“En ningún momento omití dar los avisos correspondientes a mis funciones como secretaria de Estado. Tenía (comunicación) con el titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, normalmente de primera mano en las reuniones directas de gabinete (y) a través de la línea directa a la oficina de la Presidencia”, aseguró la extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, en su declaración por escrito ante el juez federal que le impuso prisión preventiva por dos meses mientras la Fiscalía General de la República (FGR) concluye la carpeta de investigación en su contra por la presunta afectación al erario por más de 5,000 millones de pesos.

Al concluir la audiencia de 12 horas donde la FGR, a través de agentes del Ministerio Público federal, y los cinco abogados de Rosario Robles, presentaron alegatos, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó detener a la exfuncionaria y trasladarla de inmediato al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, donde pasará dos meses para que las partes defiendan su imputación e inocencia, respectivamente.

Aunque el delito de ejercicio indebido del servicio público no es grave y no amerita prisión preventiva, el juez Delgadillo Padierna ordenó la medida cautelar por considerar que Rosario Robles tiene los medios y contactos para salir del país, y máxime de que la exfuncionaria se encontraba en Costa Rica antes de acudir a la audiencia el pasado jueves.

Los abogados de Robles presentaron al juez la declaración por escrito de Robles, en la que asegura que no fue omisa en advertir al presidente Peña Nieto, y a su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade, de las observaciones que realizaba la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el caso de los 27 convenios irregulares con universidades públicas, caso conocido como La Estafa Maestra.

El juzgador puso como plazo el 16 de agosto para que la defensa de Robles Berlanga le presente la carta de entrega recepción de la Sedesol que Robles entregó e Meade y en la que supuestamente le advierte del pliego de observaciones de la ASF; el juez dijo que dicho documento representa una “joya” para determinar el nivel de involucramiento.

Al concluir la audiencia en la que se le dictó prisión preventiva, Rosario Robles se despidió entre lágrimas de sus familiares en una sala anexa —según contó el abogado Xavier Olea Trueheart—, y luego fue conducida en una camioneta de la Policía Federal al reclusorio de Santa Martha Acatitla.

La ex directora general de Auditoría Forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, consideró en una entrevista que al concederle por parte del juez la calidad de ofendida en este caso, la Auditoría Superior debe trabajar estos dos meses para defender sus pliegos de observaciones.

“Hay un ocultamiento y una complicidad para poder liberar de responsabilidad”, expuso Buchahin, haciendo referencia a la imputación por omisión que interpuso la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles, cuando existen pruebas de que participó activamente en el esquema de ocultamiento del desvío de fondos, y que, tanto ella como su sucesor, José Antonio Meade, acudieron a las reuniones con la ASF en las que se les informaba sobre las irregularidades en Sedesol detectadas durante las auditorías realizadas.

“Si no queremos que caiga el caso; esto (la prisión preventiva) es un paso, pero faltan muchas cosas por hacer, y si no hay un apoyo en esta investigación complementaria para revelar todo esto, este caso se cae”, advirtió.

Los abogados de Rosario Robles acusaron que su cliente fue víctima de un “tribunal de Estado” y de la violación a la presunción de inocencia, luego de que el juez ordenó la medida preventiva.

“Está de lujo la justicia mexicana. El día de hoy estamos vestidos de negro todos los que nos dedicamos al derecho, porque hemos visto cómo se ha violado el debido proceso, la presunción de inocencia, y cómo un sistema se ha encarnizado sobre quien es inocente: Rosario Robles; es inocente y nos dedicamos en estas audiencias con un cúmulo de pruebas que jamás fueron rebatidas y objetadas por el Ministerio Público; sin embargo, no fueron tomadas en cuenta”, dijo el abogado Julio Hernández Barros.