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En México cada semana ocurre al menos un desplazamiento en grupo por violencia
De enero de 2019 a junio de 2022, se han registrado al menos 99 episodios de desplazamiento forzado interno en 14 entidades del país, principalmente en Chiapas, donde han ocurrido 19 expulsiones, Guerrero 16, Michoacán 12, así como en Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca, con 10 cada una.
Durante los últimos 10 años, más de 329,000 mexicanos han sido forzados a desplazarse dentro del territorio mexicano para huir de la violencia o violación de sus derechos humanos.
De acuerdo con registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero de 2019 a junio de 2022, ocurrieron al menos 99 episodios de desplazamiento forzado interno masivo (1.5 por semana) en 14 entidades del país, principalmente en Chiapas (19), Guerrero (16), Michoacán (12), así como Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca (10 cada una).
En ese lapso, fueron obligados a salir de sus comunidades más de 1,000 personas.
La CMDPDH estima que en 2021 las víctimas superaron los 29,000, lo que significa más de dos veces los 9,741 registrados en 2021.
Si bien Chiapas y Guerrero es donde ocurren más episodios de este tipo, y son principalmente por conflictos agrarios, comunitarios o religiosos, de enero de 2021 a junio de 2022, destacan las expulsiones ocurridas en Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, debido a que es la delincuencia organizada quien obliga a familias enteras a huir.
Narcotraficantes corren de sus tierras a indígenas de Chihuahua
La presencia de narcotraficantes ha convertido a las regiones occidente y sur de Chihuahua en una zona de alto riesgo para sus habitantes.
De enero de 2021 a junio de 2022, ocurrieron, al menos, nueve desplazamientos masivos. Tan sólo en junio pasado, enfrentamientos entre delincuentes en comunidades de Guadalupe y Calvo provocó que al menos 40 familias de Santo Domingo huyeran.
Lo mismo ocurrió en San Juan Guacayvo, municipio de Bocoyna, donde 30 familias dejaron sus hogares, debido a las agresiones y amenazas que sufrieron por parte de grupos criminales. Las familias, pertenecientes al grupo indígena rarámuri, se refugiaron en casas de familiares y amigos.
Un tercer episodio ocurrió en Uruachi, donde 45 personas abandonaron sus hogares entre mayo y junio, por amenazas.
El cuarto episodio ocurrido ese mes tuvo lugar en Urique, donde 22 personas de cinco familias abandonaran sus hogares.
En enero de 2021, habitantes de San José del Rincón, municipio de Guadalupe y Calvo, denunciaron que personas armadas los amenazaron y obligaron a abandonar sus hogares. Tuvieron que refugiarse en la sierra, a la intemperie.
El año pasado hubo al menos cuatro expulsiones más en San Felipe de Jesús, municipio de Valle de Zaragoza, de donde salieron al menos 50 familias de Baborigame, Rincón de Alisos y otras localidades de Guadalupe y Calvo, donde grupos de indígenas tuvieron que desplazarse, tras la quema de sus viviendas y el despojo de sus tierras.
Lo grave del asunto es que hay familias que llevan lustros fuera de sus comunidades. Incluso, los días 12 y 19 de agosto pasados, un grupo de desplazados de El Manzano y Monterde, de los municipios de Uruachi y Guazapares, ubicados en la Sierra Tarahumara, obtuvieron dos sentencias a juicios de amparo.
La resolución dice que “la justicia los ampara por la falta de protección, misma que debieron brindarles las autoridades en el territorio en el que vivían y no lo hicieron”. Se trata de personas que fueron obligadas a salir por gente de la banda de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el mismo que asesinó a dos padres jesuitas y a un guía de turistas dentro de una iglesia de Cerocahui, en junio pasado.
Violencia generada por pleitos entre delincuentes expulsa a familias en Zacatecas
Mientras, en Zacatecas, de enero de 2021 a junio pasado han ocurrido al menos nueve expulsiones en grupo, debido a la violencia generada por enfrentamientos entre bandas de la delincuencia organizada.
El diputado local José David González Hernández, estima que alrededor de 10,000 zacatecanos han sido obligados a salir de sus comunidades, principalmente de los municipios de Jerez, Valparaíso, Fresnillo y Tepetongo.
En mayo pasado, alrededor de 100 familias de varias localidades de Valparaíso salieron por tercera ocasión por la violencia generada por narcotraficantes. En febrero otras cinco familias de la comunidad de Las Palmas, municipio de Jerez huyeron con solo lo que traían puesto, luego de un ultimátum que les pusieron delincuentes.
Región de Tierra caliente michoacana, de alto riesgo para civiles
Asimismo, en Michoacán, de enero de 2021 a junio pasado, ocurrieron al menos siete episodios de desplazamiento forzado.
El año pasado se registraron al menos cinco expulsiones de comunidades de Chinicuila, Coalcomán, Tepalcatepec y Terán, donde decenas de personas huyeron tras los violentos enfrentamientos entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos. Este año van, al menos tres.
A principios de 2022 ocurrieron ataques con armas de alto calibre y artefactos explosivos lanzados desde drones a varias comunidades de Tepalcatepec. Tras los ataques, se reportó el desplazamientos desde El Bejuco y La Romera.
En diciembre de 2021, varias familias salieron de Chinicuila. Medio pueblo salió al incrementarse la violencia provocada por enfrentamientos entre gente del cartel Jalisco Nueva generación con organizaciones delictivas locales.
En septiembre también se reportó la salida de alrededor de 200 personas de Coalcomán, de donde en agosto ya habían salido alrededor de 3,000 personas, mientras que en Tepalcatepec habían huido ya personas de al menos 10 comunidades.
En esa entidad ya habían abandonados sus comunidades desde inicios de 2021 varias familias de Taretan.
Buscan refugio en capitales y en la frontera
De acuerdo con organizaciones sociales y académicos, la mayoría de estos los expulsados se van hacia las cabeceras municipales o las capitales estatales, pero muchos huyen hacia el norte del país con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, aunque pocos logran su objetivo.
María Dolores París Pombo investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) comentó que durante muchos años el desplazamiento estuvo relacionada con regiones indígenas y rurales, debido a problemas religiosos, tierras, megaproyectos, guerrilla, militarización y paramilitarismo, sin embargo, a partir de 2006 hay un fenómeno masivo de desplazamiento forzado ligado a la guerra de bandas de la delincuencia organizada que pelean entre sí por territorios.
Dijo que en la frontera norte hay centenares de familias de Jalisco, Guanajuato y otras entidades que se desplazan dos o tres veces en el territorio y llegan a la frontera, principalmente con la intensión de solicitar asilo en Estados Unidos.
“Otras ya solicitaron asilo y fueron retornadas a México. El asilo es muy difícil de conseguir cuando el desplazamiento forzado ha sido ligado a la criminalidad y no claramente por agentes del Estado”, destacó.
La académica destacó que de 2015 a la fecha ha sido muy visible la presencia de este tipo de desplazamientos en la frontera del país.
En 2019, el Colef realizó una encuesta en Ciudad Juárez que reflejó que 56.7% eran originarios de Michoacán, 18.1% de Zacatecas y 17.1% de Guerrero.
Les preguntaron dos razones de su desplazamiento. Entre los resultados de la primera, 43.9% manifestaron que las causas de salida son la inseguridad y 28.3% violencia por presencia de narcotraficantes en sus comunidades.
En la segunda razón, 29.1% amenazas, extorsión o cobro de piso y 28.1%, violencia por narcotraficantes.
Llama la atención que 63.1% de las familias no pidieron ayuda a autoridades locales.
Por su parte Ramón Coria, integrante del Colectivo Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y organizaciones civiles acompañantes, expuso que ya entrado el siglo XXI, la violencia generalizad y la violación de derechos humanos se han configurado como causales de desplazamiento interno.
Destacó que poblaciones del noroeste del país, sobre todo las de comunidades serranas, son hoy territorios fuera del control del Estado mexicano, donde ni las fuerzas armadas ni las instituciones civiles públicas tienen presencia.
Eso propicia que poderes facticos, como los de la delincuencia organizada generen violencia que expulsa a decenas de personas.
Tal es el caso de las zonas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, “donde se ven monstruosidades de violencia como las que imperan en la sierra, donde pueblos pimas, rarámuris, tepehuanos y mayos están siendo desplazados por despojo territorial”.
Llamó la atención que detrás de todo desplazamiento forzado siempre subyace un despojo territorial, que tiene muchas motivaciones e intereses creados, incluido el que genera la delincuencia organizada.
Asimismo, expuso que, aunque los expulsados superen las vulnerabilidades generadas por su desplazamiento, para una persona que fue obligada a dejar su comunidad nunca dejará de serlo. “Mueren con esa condición de pena interna y en el caso de comunidades indígenas, se muere el ethos cultural de las comunidades desarraigadas; se cometen etnocidios en un nivel poco visible”.
Dijo que cuando el causante del desplazamiento es la delincuencia organizada el retorno no es viable ni en el corto ni en el mediano plazo. Además, hay casos como los desplazados por el narco de Chihuahua que aun en los sitios a donde se refugian, los buscan para matarlos.
