El juicio político en contra de gobernantes y funcionarios tiene la finalidad de imponer la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones públicas.

El procedimiento sólo puede ser iniciado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que recabará elementos de juicio y recibirá en audiencia al inculpado, tras lo cual determinará si procede la destitución del cargo. Ese proceso puede concluir con la declaración de procedencia, que implica poner a disposición de los jueces civiles en materia penal al funcionario que haya violado las leyes.

El Artículo 110 de la Constitución establece que la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante el Senado, que a su vez, erigido en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión. Precisa que las declaraciones y resoluciones de ambas cámaras del Congreso son inatacables .

El 7 de abril del 2005, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del DF, por desacato a una orden judicial que ordenaba detener una construcción en el predio El Encino en el área de Santa Fe.