En materia de políticas publicas en contra de las drogas, el problema central es la prohibición, aseveró Alejandro Madrazo Lajous, fundador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista planteó que la regulación del cannabis en México es un primer paso muy importante “para salir de la estupidez de la prohibición” y pasar a una política mucho más razonable que proteja los derechos de los consumidores a través de la regulación de su producción y el mercado por parte del Estado y no a través de la violencia por parte del Estado.

El también miembro del Consejo de la International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP por sus siglas en inglés), dijo que la actual forma de intervenir del gobierno en esa problemática es absurda por ineficaz y costosa, no en términos presupuestales, sino de derechos y de salud de los consumidores y del público en general.

La prohibición nos tiene en un consumo creciente, con una violencia creciente que ha provocado la tasa de homicidios más elevada en el país en décadas, además de que eso ha justificado desmontar protecciones legales y constitucionales, fomentando un Estado autoritario y policiaco.

Dijo que en México suele haber más de 100 muertes de sobredosis de sustancias ilícitas al año y ninguna de ellas es causada por la mariguana; en cambio, desde el inicio de la guerra contra las drogas estamos arriba de los 15,000 muertos atribuibles a la guerra para tratar de hacer efectiva la prohibición.

Por otra parte, comentó que “la causa principal de la violencia que ocurre en México tiene que ver con la intención del gobierno mexicano de que la droga llegue a suelo estadounidense.  El despliegue militar que el estado mexicano ha realizado en los últimos 13 años para evitar que la droga entre a Estados unidos, ha generado dos cosas: uno, una epidemia de homicidios, como nunca antes se había visto en México desde la época de la Revolución y, dos, que las drogas se retengan en México y, por lo tanto, crece el consumo“.

También llamó la atención en que el grueso de las personas que terminan en la cárcel relacionados con la prohibición de drogas es gente que posee drogas, es decir consumidores en pequeñas cantidades. Esas personas representan alrededor del 60% de las personas privadas de su libertad sentenciadas.

Por otra parte, el académico consideró que el asunto ya está lo suficientemente discutido como para que se pase al proceso de legislar.

“La investigación es muy clara, desde hace mucho tiempo. Lo único que falta es voluntad política para legislar y no se explica uno por qué ha faltado a casi un año de que entró la actual legislatura en funciones, donde tiene una mayoría el partido (Morena) que justamente lo que ha propuesto es regular el cannabis”.

Por ello dijo que hacer más foros para analizar el asunto se trata más de una estrategia de dilación, que realmente analizar la problemática. 

diego.badillo@eleconomista.mx