La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner al frente de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía al Ejército no tiene un sustento legal, afirmó el catedrático de la UNAM, Rafael Quintana Miranda.

En el análisis jurídico titulado: “Irregularidades en la propuesta de operación del Aeropuerto de Santa Lucía”, el doctor en derecho realizó un estudio sobre los diferentes ordenamientos que determinan las atribuciones de cada secretaría de Estado, entre ellas la de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Defensa Nacional (Sedena).

Quintana Miranda indicó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal expone en su artículo 29, en las fracciones VIII, XIX y XX, las atribuciones de la Sedena, que consisten en asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas. Además de prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo federal y los demás que le atribuyen las leyes y reglamentos.

“Ni en éstas, ni en ninguna otra de las fracciones del numeral citado, se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga competencia para llevar a cabo la operación, administración y explotación de dicho proyecto”, apuntó el experto, tras indicar que la posible interpretación de una ley es sólo competencia del poder Judicial.

En cuanto a la SCT, el académico precisó que el artículo 36 de la misma Ley de la Administración Pública expone en sus fracciones IV, V, VI, XXIII y XXIV, sus facultades, que van desde otorgar permisos para servicios aéreos hasta construir aeropuertos federales.

“Podemos concluir que la dependencia que está facultada de forma expresa, tanto para la construcción, como para la operación del aeropuerto de Santa Lucía, no es la Secretaría de la Defensa Nacional, sino la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, advirtió.

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